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Hablar de gestión de la calidad en el contexto actual ya no es un ejercicio académico ni una exigencia exclusiva de grandes organizaciones. Para las PyMES y los microemprendimientos, especialmente aquellos orientados a la atención directa al cliente, la calidad se ha convertido en un factor crítico de supervivencia y en un mercado cada vez más informado y exigente, la experiencia del cliente define la reputación, la recurrencia y, en muchos casos, la continuidad del negocio.En el Ecuador, el Plan Nacional de la Calidad 2025 y la Ley del Sistema Ecuatoriano de la Calidad, plantean una visión clara: la calidad debe ser entendida como una política de Estado y como una práctica transversal en todos los sectores productivos. Ambos textos coinciden en que mejorar la calidad de bienes y servicios no solo fortalece la competitividad, sino que genera confianza en los consumidores y contribuye al desarrollo sostenible del país.Analizando muy a la ligera el Plan Nacional de la Calidad 2025, podemos darnos cuenta que pone especial énfasis en la cultura de la calidad, promoviendo la adopción de estándares, la mejora continua y el fortalecimiento de capacidades técnicas en las organizaciones; este enfoque resulta especialmente relevante para emprendimientos pequeños, donde la calidad suele depender directamente de las personas y de la coherencia entre lo que se promete y lo que se entrega al cliente. Otro aspecto relevante del Plan Nacional de la Calidad es su énfasis en la sostenibilidad y la innovación, porque la calidad no se limita a cumplir requisitos, sino que también se conecta con la eficiencia de procesos, el uso responsable de recursos y la generación de valor a largo plazo, lo que lo conecta directamente con la ISO 9001, norma no obligatoria que promueve la mejora continua como un ciclo permanente y no como un objetivo puntual.Por otro lado, la Ley del Sistema Ecuatoriano de la Calidad establece el marco institucional que regula la normalización, la metrología, la acreditación y la evaluación de la conformidad, a primera vista puede percibirse como un cuerpo normativo distante para los microemprendedores, pero en realidad proporciona la base para asegurar que los productos y servicios cumplan requisitos mínimos de seguridad, confiabilidad y satisfacción del cliente, por lo que es vital su revisión y análisis. También debemos considerar que el cuerpo normativo refuerza la importancia de la conformidad y la trazabilidad, elementos que fortalecen la confianza del cliente. En la práctica diaria de una PyME, esto puede traducirse en procedimientos claros de atención, registros básicos de servicios prestados y criterios definidos para asegurar consistencia en la experiencia del usuario.Como se observa, existe una convergencia clara con la norma ISO 9001:2015,especialmente en los principios fundamentales de la calidad: enfoque al cliente, liderazgo, participación del personal, enfoque basado en procesos, mejora continua y toma de decisiones basada en evidencias y la nomra ISO 9001:2015 traduce estos principios en un sistema de gestión estructurado, adaptable y escalable, lo cual resulta ideal para PyMES que desean profesionalizar su operación sin perder flexibilidad.En el ámbito de la atención al cliente, la ISO 9001:2015 aporta un elemento clave que también está implícito en los documentos nacionales: comprender y gestionar las expectativas del cliente, lo que de inmediato nos lleva a reconocer que esto implica escuchar activamente, medir la satisfacción, gestionar reclamos y convertir los errores en oportunidades de mejora, actividades que en la práctica conlleva algo de tiempo y esfuerzo, especialmente con los líderes o administradores y el personal como tal, reconociendo también que uno de los mayores desafíos para los microemprendimientos es la percepción de que la gestión de la calidad es costosa o compleja, sin embargo, tanto los documentos nacionales como la ISO 9001 demuestran que la calidad comienza con orden, disciplina operativa y liderazgo consciente. No se trata de burocracia, sino de trabajar mejor, con menos reprocesos y mayor claridad en las responsabilidades.Por lo tanto, la atención al cliente, vista desde la gestión de la calidad, deja de ser un acto improvisado y se convierte en un proceso estratégico; cada interacción, cada respuesta y cada solución ofrecida construyen o deterioran la relación con el cliente por lo que, implementar principios de calidad permite estandarizar lo esencial sin perder el trato humano que caracteriza a los pequeños negocios lo que a su vez puede traducirse en términos de sostenibilidad ya que la gestión de la calidad actúa como un escudo frente a la incertidumbre del mercado.Un ejemplo concreto de gestión de calidad en la atención al cliente es la estandarización del proceso de recepción de solicitudes. En una microempresa de servicios, por ejemplo, un taller, una academia o un emprendimiento gastronómico, definir pasos claros para recibir pedidos, consultas o reclamos reduce errores, evita malentendidos y transmite profesionalismo, alineándose con el enfoque basado en procesos de la ISO 9001:2015. Negocios que conocen sus procesos, miden su desempeño y escuchan a sus clientes tienen mayor capacidad de adaptarse, innovar y resistir crisis. Esta idea está presente tanto en la política pública ecuatoriana de calidad como en el enfoque preventivo de la ISO 9001:2015.Otro ejemplo práctico es la medición de la satisfacción del cliente mediante herramientas simples como encuestas cortas posteriores al servicio, preguntas directas en canales digitales o el registro de comentarios recurrentes permiten identificar tendencias y oportunidades de mejora, este enfoque ayuda a tomar decisiones basadas en evidencia y es un enfoque claramente promovido por la norma obligatoria como no obligatoria.La gestión de reclamos constituye un tercer ejemplo clave. Un proceso documentado que establezca cómo recibir una queja, cómo analizar su causa raíz y cómo responder al cliente en un tiempo definido transforma una experiencia negativa en una oportunidad de fidelización. En términos de calidad, esto refleja la aplicación práctica de la mejora continua y del pensamiento basado en riesgos, principios centrales de la ISO 9001:2015.En conclusión, la gestión de la calidad no debe ser vista como un requisito externo, sino como una herramienta estratégica para fortalecer la atención al cliente y asegurar la sostenibilidad de PyMES y microemprendimientos. El Plan Nacional de la Calidad 2025 y la Ley del Sistema Ecuatoriano de la Calidad proporcionan el marco y la visión país, mientras que la ISO 9001:2015 ofrece una guía práctica y adaptable. Integrar estos enfoques permite a los negocios pequeños crecer con orden, generar confianza y construir relaciones duraderas con sus clientes, que al final son el activo más valioso de cualquier emprendimiento, entendiendo que la calidad no se delega, se lidera, por lo que hay que reconocer que el dueño del local o el administrador es el principal promotor de la cultura de calidad y su compromiso se refleja directamente en la forma en el que el equipo atiende al cliente.Formarse en principios como enfoque al cliente, mejora continua, gestión de procesos y gestión de calidad permite transformar la intuición en estrategia y la experiencia diaria en ventaja competitiva, por lo que invertir tiempo en capacitación no es un gasto adicional, sino una decisión clave para profesionalizar la atención al cliente, asegurar la sostenibilidad del negocio y prepararse para crecer en mercados cada vez más exigentes.EPMJ.

Gestión de la Calidad en la Atención al Cliente: la clave para que PyMES y emprendimientos crezcan de forma sostenible.

Stunning Aerial View of Lush Green Landscapes by the Beautiful Coastline and Ocean

Hablar de gestión del riesgo de desastres en el Ecuador es, en el fondo, hablar de personas, de territorios que sienten y de decisiones que salvan, o ponen en riesgo vidas. El Ecuador ha aprendido, muchas veces de forma dolorosa, que los desastres no son únicamente fenómenos naturales, sino el resultado de cómo planificamos, construimos y convivimos con nuestro entorno. Por eso, la gestión del riesgo dejó de ser un tema técnico aislado para convertirse en una responsabilidad ética y política.La Constitución de la República del Ecuador, en su artículo 389, marca un punto de inflexión al establecer que el Estado debe proteger a las personas, las colectividades y la naturaleza mediante la prevención, mitigación, respuesta y recuperación, con el objetivo explícito de reducir vulnerabilidades. Este mandato constitucional reconoce que el riesgo afecta derechos fundamentales y que su gestión no puede depender de la improvisación ni de la buena voluntad institucional.Sobre esta base se estructura la Ley Orgánica para la Gestión Integral del Riesgo de Desastres, vigente desde enero de 2024. La norma propone algo más ambicioso que reaccionar ante emergencias: plantea un modelo integral que abarca desde el conocimiento del riesgo hasta la reconstrucción post desastre, integrando a todos los niveles de gobierno, al sector privado y a la sociedad civil en un solo sistema articulado. Uno de los mayores aciertos de la ley es reconocer que el riesgo se construye en el territorio, por ello, fortalece el Sistema Nacional Descentralizado de Gestión Integral del Riesgo de Desastres, donde los Gobiernos Autónomos Descentralizados (GAD's) dejan de ser actores secundarios y asumen un rol protagónico, bajo el principio de descentralización subsidiaria. Esto implica liderazgo local, pero también apoyo del Estado Central cuando las capacidades territoriales son insuficientes.Hay que destacar también que la Ley referida introduce un lenguaje común que, a pesar de tener un enfoque técnico, es profundamente práctico; cnceptos como amenaza, vulnerabilidad, exposición, resiliencia, gestión prospectiva y correctiv permiten que autoridades, técnicos y tomadores de decisión hablen el mismo idioma, algo indispensable para planificar ciudades más seguras y sostenibles.En el día a día municipal, el impacto de esta normativa es claro. La LOGIRD obliga a que la gestión del riesgo sea transversal a la planificación y al ordenamiento territorial, eso quiere decir que ya no es posible aprobar planes, proyectos, urbanizaciones o expansiones urbanas sin considerar mapas de amenazas, escenarios de impacto y capacidades de respuesta. Esto cambia la lógica tradicional del desarrollo local y exige decisiones más responsables, incluso cuando son políticamente incómodas. En materia de prevención y mitigación, la ley empuja a los GAD's a invertir antes del desastre y no después, lo que exige a los concejos Municipales la elaboración y el debate de normas que permitan un proceso adecuado de construcciones, la generación de sistemas de alerta temprana debidamente normados, educación comunitaria y medidas de adaptación al cambio climático, acciones que dejan de ser buenas prácticas y se convierten en obligaciones concretas por lo que la prevención, bajo esta perspectiva, deja de ser un gasto y se convierte en una inversión de estabilidad social y económica.Pero la normativa nos habla claro tambien en el caso de emergencias, la ley clarifica roles y evita vacíos de coordinación. Aquí cobra especial relevancia el papel de los organismos de respuesta humanitaria, como la Cruz Roja Ecuatoriana, reconocida dentro del Sistema Nacional como actor clave en la asistencia humanitaria, la atención prehospitalaria, la gestión de albergues y el apoyo psicosocial, reconociendo su carácter humanitario, neutral e imparcial, y la integra como un aliado estratégico del Estado, especialmente en las fases de respuesta y recuperación, bajo la rectoría del ente nacional de gestión de riesgos..Desde una mirada comparativa, la LOGIRD guarda una relación directa con la ISO 22301: Sistema de Gestión de la Continuidad del Negocio. Mientras la ISO 22301 se enfoca en garantizar que las organizaciones puedan continuar operando ante eventos disruptivos, la npormativa amplía esta lógica a escala territorial y social, compartiendo principios clave como la identificación de riesgos, la planificación anticipada, la preparación, la respuesta y la mejora continua; sin embargo, la diferencia central es el alcance. La ISO 22301 opera principalmente a nivel organizacional, mientras que la LOGIRD actúa a nivel sistémico y territorial, sin embargo de ello, son altamente complementarias ya que, una GAD o una empresa que aplique ISO 22301 encontrará en la LOGIRD el marco normativo que legitima y potencia sus sistemas de continuidad y resiliencia.Para los gobiernos municipales, esta ley deja mensajes claros, en primer lugar, la gestión del riesgo ya no es delegable ni secundaria, es una competencia estratégica que impacta directamente en el desarrollo local; segundo, planificar sin riesgo es planificar mal y , tercero, la articulación con actores como la Cruz Roja, academia y sector privado no es opcional, es una condición para una respuesta eficaz.La LOGIRD ofrece una oportunidad histórica para pasar de municipios reactivos a territorios resilientes, capaces de anticiparse, resistir y recuperarse mejor. El desafío no está en la norma, sino en la decisión política y técnica de aplicarla con coherencia, sensibilidad social y visión de largo plazo.En un contexto donde el riesgo es parte de nuestra realidad cotidiana, gestionarlo adecuadamente es, en esencia, gestionar bien el futuro.EPMJ

De la reacción a la resiliencia: cómo los GADs están llamados a liderar la gestión del riesgo en sus territorios.

Cada diciembre tomamos una decisión que parece simple, casi automática: elegir entre un árbol de Navidad natural o uno artificial. Sin embargo, cuando esta elección se analiza desde la economía circular y el análisis de ciclo de vida de productos, se convierte en un excelente ejemplo de cómo el consumo cotidiano tiene implicaciones ambientales, económicas y sociales mucho más profundas de lo que solemos imaginar.El análisis de ciclo de vida permite evaluar un producto desde el origen de sus materias primas, pasando por su fabricación, transporte y uso, hasta su disposición final y bajo esta perspectiva, un árbol de Navidad deja de ser solo un objeto decorativo y se transforma en un caso práctico de sostenibilidad aplicada al día a día del consumidor.Haciendo dicho análisis, podemos darnos cuenta de que en el caso del árbol de Navidad artificial, su impacto ambiental comienza incluso antes de llegar al hogar porque estos árboles están fabricados principalmente con PVC cuya producción es intensiva en energía y emisiones de gases de efecto invernadero, sumado a que, en la mayoría de los casos, son fabricados en China y transportados miles de kilómetros por vía marítima, lo que incrementa significativamente su huella de carbono prácticamente desde antes de que inicie como tal el ciclo de vida de dicho producto.El árbol de Navidad natural, por el contrario, proviene de plantaciones forestales manejadas específicamente para este fin; durante su crecimiento, estos árboles capturan dióxido de carbono, liberan oxígeno y generan empleo rural y a pesar de que podemos identificar impactos negativos de carácter medio o medio bajo como el monocultivo o la deforestación, la mayoría de productores responsables reponen los árboles cosechados, manteniendo un ciclo productivo renovable y potencialmente controlado. Sin embargo, el transporte es un factor que suele pasar desapercibido y en el caso de un árbol natural adquirido localmente, el producto suele recorrer distancias cortas hasta el punto de venta, a diferencia de un árbol de navidad artificial que puede haber cruzado océanos antes de ser exhibido en una tienda. En términos ambientales, la proximidad geográfica se traduce casi siempre en una menor huella de carbono.Pero la diferencia más relevante aparece en la etapa de uso. El árbol natural tiene un solo ciclo anual, es decir, se utiliza durante la temporada navideña y luego debe desecharse o en el mejor de los casos, gestionarse adecuadamente. El árbol artificial, en cambio, tiene el potencial de ser reutilizado durante muchos años, alguna fuentes estudiosas del ciclo de vida de productos coinciden en que solo cuando un árbol artificial se utiliza durante largos periodos, al menos una década, su impacto ambiental anual puede equipararse al de comprar un árbol natural cada año, sin embargo, el problema surge cuando los árboles artificiales se reemplazan con frecuencia, ya sea por deterioro, moda o cambio de decoración; en esos casos, el impacto ambiental inicial nunca se compensa, y el producto termina convirtiéndose en un residuo de larga permanencia en rellenos sanitarios y, el PVC, como es sabido, puede estar allí por lustros, incluso siglos.La etapa final del ciclo de vida es estratégica para entender la circularidad, todos podemos reconocer que un árbol natural puede transformarse en compost o abono, cerrando su ciclo de forma biológica y devolviendo nutrientes al suelo, pero el árbol de navidad artificial, al estar compuesto por una mezcla de materiales difíciles de separar, presenta serias limitaciones de reciclaje y, en la práctica, suele terminar como residuo permanente.Desde la perspectiva del consumidor, también existen diferencias económicas, el árbol artificial representa una mayor inversión inicial, pero puede resultar rentable si se reutiliza durante muchos años. El árbol natural implica un gasto recurrente, aunque generalmente menor por unidad, y ofrece beneficios ambientales inmediatos y apoyo a economías locales.Entonces, ¿cuál es la opción más sostenible? La respuesta no es absoluta. Desde la economía circular, el árbol natural se alinea mejor con los ciclos de la naturaleza y la biodegradabilidad mientras que, el árbol artificial, solo puede considerarse una alternativa responsable cuando se utiliza durante muchos años y se evita su descarte prematuro, por lo que, podemos concluir que en ambos casos, el impacto final depende menos del producto y más del comportamiento del consumidor.La sostenibilidad no se define únicamente por lo que compramos, sino por cómo lo usamos y cómo lo desechamos, entonces, elegir de manera consciente, informada y responsable convierte una tradición navideña en una oportunidad real para reducir impactos ambientales y generar valor a largo plazo.EPMJ

Árbol de Navidad Natural VS. Árbol de Navidad Artificial: ¿Cuál es realmente más sostenible?

Scenic view of fog lifting from mountain road at sunrise

El cambio climático dejó de ser un tema lejano o exclusivo de científicos y gobiernos. Hoy está presente en algo tan cotidiano como los costos de operación, la estabilidad de los negocios y la confianza que los clientes depositan en una marca. Cada producto que creamos, cada servicio que ofrecemos y cada decisión energética que tomamos deja una huella en el planeta. Medir esa huella no es una carga: es el primer paso para convertir un desafío global en una oportunidad real de innovación y eficiencia.La huella de carbono nos permite poner números a lo que antes parecía abstracto; traducimos nuestras actividades diarias en emisiones de gases de efecto invernadero, principalmente CO₂, pero también metano u óxido nitroso y las expresamos en CO₂ equivalente. Para un emprendedor, este dato deja de ser solo ambiental y se convierte en una brújula para tomar mejores decisiones económicas, operativas y estratégicas.El punto de partida suele ser el inventario de emisiones, un enfoque sencillo que analiza las emisiones directas del negocio, como el uso de combustibles o el consumo eléctrico. Es una herramienta práctica, especialmente útil para pequeñas y medianas empresas que quieren ordenar su información, entender su impacto y comenzar a gestionar el cambio de manera realista.Dar el siguiente paso implica ampliar la mirada hacia toda la cadena de valor porque la huella de carbono no solo analiza lo que ocurre dentro del negocio, sino también lo que sucede antes y después: proveedores, transporte, uso del producto y su disposición final. Este enfoque, basado en el análisis de ciclo de vida, suele revelar algo clave: los mayores impactos y oportunidades no siempre están donde creemos.Metodologías como la norma ISO 14064 aportan orden, transparencia y credibilidad al proceso de medición, adoptarlas permite a los emprendimientos hablar el mismo lenguaje ambiental que grandes empresas y mercados internacionales, demostrando que la sostenibilidad también es una cuestión de profesionalismo y visión a largo plazo.El GHG Protocol complementa esta mirada al clasificar las emisiones en tres alcances, incluyendo aquellas indirectas de la cadena de valor; es justamente allí donde muchos emprendimientos descubren costos ocultos, ineficiencias y riesgos que, al gestionarse, pueden transformarse en ventajas competitivas.Existen otras herramientas como el Bilan Carbone, cuyo objetivo además es el de anticiparse a escenarios futuros, simulando impactos económicos frente a cambios en precios de energía o regulaciones climáticas. Para quien emprende, esto significa reducir la incertidumbre y tomar decisiones con mayor información y resiliencia. En el Ecuador, este proceso se fortalece al apoyarse en datos oficiales del INAMHI y en normas técnicas del INEN, que aportan solidez, contexto local y confianza a los cálculos y a la vez, permiten integrar lo técnico con lo territorial, de esa manera buscar que la sostenibilidad no sea un discurso importado, sino una estrategia propia de cada territorio.Medir la huella de carbono no es seguir una moda. Es entender mejor el negocio, identificar ineficiencias, reducir desperdicios y fortalecer la capacidad de adaptación, en la práctica, muchas veces significa ahorrar recursos, optimizar procesos y prepararse para un futuro que ya está en marcha, porque en un mundo que avanza hacia economías bajas en carbono, no liderará quien más prometa, sino quien mejor mida, actúe y transforme y, el emprendedor que empieza hoy, sin duda, marcará la diferencia mañana.EPMJ. &nbsp; &nbsp; &nbsp;

Medir para Transformar: ¿Cómo la Huella de Carbono Convierte al Emprendedor en Protagonista de la Acción Climática?

3D illustration Renewable energy concept Earth Day or environmental protection Protect the forests that grow on the ground and help save the planet.

Proponer, aprobar y aplicar una Ley Orgánica de Economía Circular no es un acto simbólico; es una declaración política sobre cómo un país decide producir, consumir y convivir con su entorno. La Ley Orgánica de Economía Circular Inclusiva del Ecuador marca un punto de quiebre frente al modelo lineal de “extraer, usar, desechar” y propone algo más ambicioso: que los residuos dejen de ser el problema invisible y se conviertan en parte de la solución económica, social y ambiental. Uno de los mayores aciertos de esta norma es que intenta no quedarse en el discurso verde o en el greenwashing, esta ley de carácter orgánico aterriza la economía circular en obligaciones reales para el sector público, privado y la ciudadanía. Aquí no solo se habla de reciclar mejor, sino de pensar distinto desde el inicio: cómo se diseñan los productos, cuánto duran, qué pasa cuando ya no sirven y quién se hace responsable de ese final. Es un cambio de mentalidad que incomoda, pero que también abre oportunidades.El enfoque inclusivo es, sin duda, su rasgo más disruptivo porque reconoce a los recicladores de base como actores estratégicos del sistema productivo y no como un “daño colateral” de la mala gestión de residuos. Esto genera debate, porque obliga a municipios, empresas y consumidores a convivir con una economía más justa, donde la sostenibilidad también se mide en empleo digno, formalización y reconocimiento social que han merecido los recicladores.Otro punto clave es la responsabilidad extendida del productor lo cual, en términos simples, trata de que la empresa, industria o comercial que ponga un producto en el mercado no puede desentenderse de él cuando se convierta en residuo. Este principio cambia las reglas del juego para industrias acostumbradas a externalizar costos ambientales, lo cual pudiera verse como una carga económica que puede reflejarse en sus costos de producción; sin embargo, para visionarios, esto podría representar una oportunidad para innovar, diferenciarse y ganar legitimidad frente a consumidores cada vez más informados.La Ley Orgánica de Ecomía Circular también incomoda al consumidor, ya no basta con “tener la buena intención” de separar en la fuente, o de entregar residuos a gestores ambientales, ahora, el adoptar hábitos responsables pasa a ser una obligación, lo cual no es nuevo y existe históricamente evidencia de legislación nacional y local al respecto, pero el acto de separar en la fuente por ejemplo jamás ha sido aplicado, controlado o menos aún sancionado. Esto abre una conversación incómoda pero necesaria: la sostenibilidad no es solo tarea del Estado o de las empresas, también es una decisión diaria en casa, en la oficina y en las instituciones educativas.Entonces, la gestión unifamiliar pasa a ser de vital importancia para aprovechar de mejor forma los materiales y bienes que usamos en casa, lo que nos invita a&nbsp; aplicar efectivamente estrategias de corto plazo que permitan reducir la cantidad de nuestros desechos y mejorar la calidad de los mismos. Estrategias como rechazar productos que no son necesarios para nuestro hogar influyen en muy corto plazo en la reducción de los desechos y en la economía de nuestro hogar, o reducir lo mas que nos sea posible el consumo de energía también puede evidenciarse directamente en nuestras facturas por este servicio e incluso volver a tomar las buenas costumbres de nuestros padres y abuelos al reutilizar un producto descartado que aún está en buenas condiciones y cumple su función original, nos puede ahorrar unos dólares y ser agentes de lucha en contra de la obsolescencia programada.Desde una mirada estratégica, la norma apuesta por el ecodiseño y la educación, no se trata solo de gestionar residuos existentes, sino de evitar que se generen por lo que se evidencia una enorme ventana para estudiantes, investigadores y profesionales: nuevas carreras, proyectos de innovación, emprendimientos circulares y líneas de investigación que conectan ambiente, economía y tecnología.Sin embargo, la ley no está exenta de controversia. Su aplicación depende en gran medida de reglamentos, normas técnicas y capacidades institucionales que aún están en construcción, el fortalecimiento técnico e institucional a los GAD's Municipales es una deuda también, por lo que existe el riesgo de que la economía circular se quede en el papel si no se acompaña de incentivos reales, financiamiento accesible y control efectivo. La pregunta incómoda surge de inmediato: ¿estamos listos para cumplir lo que la ley promete?Para los gobiernos locales, el reto es enorme. La norma les asigna un rol protagónico en la gestión inclusiva de residuos, la recolección diferenciada y el cierre de botaderos. Esto exige planificación, recursos y voluntad política. La economía circular, aquí, deja de ser un concepto académico y se convierte en una prueba de gobernanza territorial.Desde el sector productivo, la ley puede verse como una amenaza o como una ventaja competitiva, creo personalmente que las empresas que entiendan temprano la lógica circular podrán anticiparse, reducir costos a largo plazo y acceder a nuevos mercados, pero las que se resistan, probablemente enfrentarán sanciones, pérdida de reputación y presión social creciente; lo que a su vez puede representar también una oportunidad para estudiantes y jóvenes profesionales, porque esta normativa más que una ley ambiental, es un mapa de oportunidades. Consultoría, auditoría, gestión de residuos, innovación social, diseño sostenible y políticas públicas son solo algunos de los campos que se fortalecen con este marco legal por lo que entender la ley hoy, es posicionarse mejor para el mercado laboral del mañana.En síntesis, la Ley Orgánica de Economía Circular Inclusiva no es perfecta, pero podría llevar el título de valiente. Propone un modelo donde la economía deja de crecer a costa del ambiente y de las personas más vulnerables. Genera debate, exige cambios y obliga a salir de la zona de confort y justamente por eso vale la pena leerla, discutirla y, sobre todo, aplicarla porque la economía circular no es el futuro: es el presente que estamos construyendo, nos gusto o no.EPMJ

Ley Orgánica de Economía Circular: la ley que incomoda, reta y redefine cómo producimos y consumimos en el Ecuador.

El agua es mucho más que un recurso natural: es un derecho humano, un motor del desarrollo y un eje de la estabilidad ambiental. Sin embargo, durante décadas, el financiamiento del sector hídrico se ha centrado casi exclusivamente en construir infraestructura para abastecimiento y saneamiento, dejando de lado un componente igual de vital: la gobernabilidad del agua. Este desequilibrio ha generado sistemas frágiles, vulnerables al cambio climático, a la contaminación y a la presión creciente de la poblaciónUno de los grandes aportes del enfoque moderno es la Gestión Integrada de los Recursos Hídricos, que propone una mirada holística del agua como un sistema interconectado. Este enfoque reconoce que no basta con construir tuberías y plantas de tratamiento: es necesario invertir también en planificación, monitoreo, protección de cuencas, participación ciudadana, regulación y resolución de conflictos. Todo esto requiere financiamiento estable, previsible y transparenteLa Global Water Partnership en su publicación del año 2008 respecto a la Gobernabilidad del Agua, identifica tres fuentes principales de financiamiento del recurso hídrico: los pagos de los usuarios, los presupuestos públicos y la cooperación internacional.&nbsp; Como se puede observar, no existen las soluciones mágicas, y hay que considerar que los préstamos y la inversión privada son importantes, pero solo son sostenibles cuando estas tres fuentes básicas garantizan la devolución del capital y los costos de operación. Sin esta base, cualquier modelo financiero es frágil y de corto plazo.La experiencia me ha brindado también la facilidad de identificar un punto clave, y es que no todas las funciones del agua pueden financiarse con tarifas. Existen bienes públicos como la protección de cuencas, el control de inundaciones, el monitoreo hidrológico o la preservación de ecosistemas, cuyos beneficios son colectivos y no se pueden cobrar directamente al usuario. Por eso, el Estado sigue siendo un actor insustituible en el financiamiento de estas funciones estratégicas. También existen los llamados “bienes de mérito”, como el acceso al agua potable y al saneamiento para poblaciones vulnerables. Aunque son servicios individuales, la sociedad reconoce que deben garantizarse incluso cuando las personas no pueden pagarlos completamente. Aquí entran en juego los subsidios bien focalizados, que evitan distorsiones y aseguran equidad sin debilitar financieramente al sistema, sin embargo hay que darnos cuenta también que muchos subsidios generalizados al agua, especialmente en el sector agrícola, benefician de forma desproporcionada a sectores con mayor poder económico, mientras debilitan los presupuestos públicos y reducen los recursos disponibles para la gestión ambiental. Otro déficit que se logra identificar es la gestión que se brinda a la infraestructura para que las comunidades se beneficien del recurso hídrico, muchos GAD's dedican su periodo de administración y los recursos económicos a construir sistemas de agua u obras físicas sin generar gobernabilidad o un sistema de gestión fuerte que garantice el futuro de las mismas, lo que desencadena en descuidos, destrucciones o que cambios políticos hagan de menos dichas obras ejecutadas, lo que en corto plazo va a generar mayores gastos en hacer nueva infraestructura o reconstrucciones que reducen la capacidad presupuestaria y claro, eso es desperdicio de fondos públicos tan útiles cuando son bien manejados. Este círculo vicioso de “construir–descuidar–reconstruir” es una de las mayores trampas financieras del sector hídrico y genera enormes retrasos en el desarrollo de las comunidades en lo que en gestión ambiental e hídrica se refiere.Otro eje fundamental es la relación entre financiamiento y fallas de mercado. La contaminación del agua y las externalidades ambientales hacen imprescindible la regulación pública, hechos que no deben ser responsabilidad directa o única del Estado. Instrumentos como el principio “quien contamina paga”, los pagos por servicios ambientales y los mercados de contaminación permiten que los propios usuarios contribuyan a sostener la gestión ambiental del agua.La gobernabilidad multinivel aparece como uno de los grandes desafíos, el hablar y discutir de un sistema de administración del recurso hídrico sin fronteras geográficas (sea parrroquial, cantonal o inclusive nacional) empieza a ser necesario e inminente, considerando que el agua no responde ni responderá jamás a dichas fronteras políticas, pero sí a cuencas hidrográficas. Esto obliga a coordinar; los gobiernos nacionales, locales, comunidades, sector privado y sociedad civil deben iniciar con procesos de gestión compartida del agua, las denominadas mancomunidades por el COOTAD (Código Orgánico de Organización Territorial,, Autonomía y Descentralización), de las cuales ya hay ejemplos positivos en el país, aunque también varios intentos que no han llegado a feliz término; lamentablemente cuando la descentralización no viene acompañada de recursos financieros y capacidades técnicas, se generan sistemas débiles, con altos riesgos de ineficiencia, desigualdad y corrupción.Debemos considerar también que cada país construye su sistema según su historia, su institucionalidad y su realidad socioeconómica y, los gobiernos autónomos descentralizados, entes competentes en la gestión hídrica del Ecuador, deben reconocer la existencia de un territorio multidiverso y multicultural, variable que puede ser verdaderamente crítica al momento de gestionar comunitariamente el agua lo que a la vez, exige constantes reformas legales e institucionales para que cuidadosamente se evalúe la parte social y las implicaciones financieras que conlleva una adecuada gestión de cuencas hídricas, de esa manera no crear estructuras que dependan permanentemente de recursos que nunca llegarán o, peor aún, de recursos que llegan y se pierden en sistemas mal gestionados, deficientes compras públicas o corrupción.Lo que es un hecho sin debate es que sin buena gobernabilidad no habrá financiamiento sostenible, y sin financiamiento no puede existir una gestión eficaz del agua. Transparencia, participación, rendición de cuentas y capacidad técnica son condiciones indispensables para atraer inversiones, garantizar el uso eficiente de los recursos y proteger los ecosistemas a largo plazo. Finalmente debemos ser enfáticos: invertir en agua no es solo invertir en obras, es invertir en instituciones, en personas, en conocimiento y en confianza. La seguridad hídrica del futuro dependerá de nuestra capacidad para unir financiamiento, gobernabilidad y sostenibilidad en un mismo camino, porque proteger el agua es, en el fondo, proteger la vida.EPMJ

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