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La calidad del agua potable no es solo un requisito técnico, es un determinante directo de la salud pública y del desarrollo sostenible. En Ecuador, la norma NTE INEN 1108:2014 establece los parámetros que debe cumplir el agua destinada al consumo humano, alineándose con las guías de la OMS. Comprender esta norma permite no solo evaluar la calidad del agua, sino también identificar brechas entre lo normativo y la realidad, especialmente en contextos urbanos y rurales.En términos generales, la norma define el agua potable como aquella que ha sido tratada para cumplir condiciones físicas, químicas y microbiológicas que garanticen su inocuidad. Este concepto es clave: no basta con que el agua “se vea limpia”, debe cumplir límites estrictos medibles científicamente.Uno de los conceptos técnicos más relevantes es el límite máximo permitido (LMP), que representa el umbral a partir del cual el agua deja de ser apta para consumo. Este criterio es fundamental en la toma de decisiones operativas, ya que define cuándo intervenir un sistema de tratamiento o distribución<h3>Tabla 1: Características físicas e inorgánicas.</h3>Esta tabla agrupa parámetros visibles y químicos básicos. Elementos como el color (≤15 Pt-Co), la turbiedad (≤5 NTU) y la ausencia de olor o sabor objetable determinan la aceptabilidad del agua por el usuario. Sin embargo, los parámetros críticos son los metales pesados como arsénico, plomo o mercurio, cuyos límites son extremadamente bajos debido a su toxicidad acumulativa. Un elemento clave aquí es el cloro residual (0,3–1,5 mg/l), que garantiza la desinfección continua en la red. Este parámetro es especialmente importante en zonas rurales donde la contaminación secundaria es frecuente<h3>Tabla 2: Sustancias orgánicas.</h3>Esta sección regula compuestos derivados de hidrocarburos y procesos industriales, como el benceno o el cloruro de vinilo. Su presencia suele estar asociada a contaminación industrial o urbana, por lo que su monitoreo es crucial en zonas con actividad petrolera o industrial.<h3>Tabla 3: Plaguicidas.</h3>Los plaguicidas representan un riesgo importante en zonas agrícolas. Sustancias como el DDT, lindano o atrazina tienen límites extremadamente bajos debido a su persistencia ambiental. Esta tabla es particularmente relevante para zonas rurales como Pedro Vicente Maldonado, donde la actividad agrícola puede impactar fuentes hídricas.<h3>Tabla 4: Residuos de desinfectantes.</h3>Aquí se controla la presencia de compuestos derivados del proceso de desinfección. Por ejemplo, la monocloramina tiene un límite de 3 mg/l, pero si se excede, se deben investigar compuestos potencialmente cancerígenos como la nitrosodimetilamina.<h3>Tabla 5: Subproductos de desinfección.</h3>Los trihalometanos (THM) son un indicador crítico. Aunque el cloro es esencial, su reacción con materia orgánica puede generar compuestos peligrosos. El límite de 0,5 mg/l busca equilibrar desinfección y seguridad química.<h3>Tabla 6: Cianotoxinas.</h3>PLa microcistina-LR (≤0,001 mg/l) es una toxina producida por algas en cuerpos de agua eutrofizados. Este parámetro es cada vez más relevante debido al cambio climático y al incremento de floraciones algales.<h3>Tabla 7: Requisitos microbiológicos.</h3>Este es el núcleo sanitario de la norma. La exigencia de ausencia de coliformes fecales, Giardia y Cryptosporidium garantiza que el agua no represente riesgo infeccioso. En términos prácticos, este es el parámetro más crítico en sistemas rurales.<h3>Casos en la Provincia de Pichincha.</h3>En el caso de Quito, la calidad del agua potable es generalmente alta. Estudios de la Empresa Pública Metropolitana de Agua Potable muestran cumplimiento sostenido de parámetros microbiológicos y físico-químicos, con niveles adecuados de cloro residual y turbiedad baja. Esto se debe a sistemas robustos de tratamiento y monitoreo continuo.Sin embargo, en cantones como Pedro Vicente Maldonado, la situación es más variable. Aunque existen avances significativos —como sistemas de tratamiento y mejoras en cobertura—, es común encontrar desafíos en continuidad del servicio, control de cloro residual y riesgo de contaminación microbiológica en redes pequeñas o comunitarias.Datos de distintas fuentes en Ecuador evidencian que en zonas rurales el control microbiológico es el principal problema, existe mayor exposición a plaguicidas y sedimentos además de que la demanda de agua potable supera ampliamente la oferta que los GAD´s están en capacidad de brindar.En contraste, en zonas urbanas el principal reto es el control de subproductos de desinfección, lo que exige cada vez más y mejores procesos para evitar formación de THM.<h3>Conclusiones técnicas.</h3>Primero, la NTE INEN 1108 es una norma robusta que cubre integralmente los riesgos físicos, químicos y biológicos del agua potable, alineada con estándares internacionales.Segundo, el parámetro más crítico en la práctica no siempre es el químico, sino el microbiológico, especialmente en zonas rurales donde la infraestructura y el control son limitados.Tercero, existe una brecha clara entre la calidad del agua urbana y rural. Mientras ciudades como Quito cumplen ampliamente la norma, en cantones más pequeños persisten desafíos operativos y técnicos.Cuarto, el cumplimiento de la norma no depende únicamente del tratamiento, sino de todo el sistema: captación, almacenamiento, distribución y monitoreo.Finalmente, mejorar la calidad del agua en Ecuador requiere no solo regulación, sino inversión en infraestructura, fortalecimiento institucional y educación comunitaria. La norma establece el “qué”, pero el verdadero reto está en garantizar el “cómo” en todo el territorio.EPMJ

Calidad del Agua Potable en Ecuador: Claves Técnicas de la NTE INEN 1108 y su Realidad en Territorio.

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La reciente Resolución NAC-DGERCGC26-00000009, emitida por el Servicio de Rentas Internas (SRI), introduce la nueva tabla de porcentajes de retención en la fuente del impuesto a la renta aplicable en el Ecuador a partir del 1 de marzo de 2026, derogando expresamente la Resolución NAC-DGERCGC24-00000008 publicada en febrero de 2024. Esta normativa constituye un instrumento operativo fundamental dentro del sistema tributario ecuatoriano, ya que regula la forma en que los agentes de retención anticipan el impuesto a la renta de los contribuyentes al momento del pago o acreditación en cuenta de determinados ingresos gravados.&nbsp;Desde una perspectiva técnica, la resolución mantiene la lógica estructural del régimen anterior: establecer porcentajes diferenciados según la naturaleza económica del ingreso. Sin embargo, introduce ajustes conceptuales relevantes que responden a nuevas dinámicas económicas, particularmente en ámbitos como la economía digital, los servicios profesionales, las plataformas de pago y las actividades vinculadas a la explotación de la imagen o influencia en redes sociales. Esta actualización evidencia el intento del SRI de mantener coherencia con el principio de suficiencia recaudatoria y simplicidad administrativa previsto en la Constitución ecuatoriana.&nbsp;Uno de los aspectos más relevantes de la resolución es la ratificación de una estructura escalonada de retenciones que va desde el 0 % hasta el 10 %, dependiendo del tipo de ingreso. Se mantienen categorías como 1 %, 1,75 %, 2 %, 3 %, 5 % y 10 %, lo cual refleja continuidad con el régimen anterior. No obstante, el SRI amplía y precisa algunos supuestos de hecho para mejorar la claridad interpretativa y reducir la discrecionalidad en la aplicación de las retenciones.En el caso de la retención del 0 %, se mantienen operaciones como los intereses pagados entre instituciones financieras reguladas y las compras a negocios populares dentro del régimen RIMPE. Este tratamiento busca evitar retenciones innecesarias en actividades donde la carga administrativa superaría el beneficio fiscal o donde el control tributario ya se realiza por otros mecanismos.&nbsp;Respecto a las retenciones del 1 % y 1,75 %, la resolución sigue diferenciando entre adquisiciones directas al productor agropecuario y operaciones realizadas con comercializadores. Este esquema ya estaba presente en la normativa de 2024, pero se reafirma como una herramienta de política tributaria destinada a no afectar la liquidez del productor primario mientras se mantiene control sobre los intermediarios comerciales.En el rango del 2 %, la resolución mantiene retenciones sobre operaciones relevantes como pagos a compañías de seguros, adquisición de bienes muebles, arrendamiento mercantil y operaciones realizadas mediante sistemas auxiliares de pago. Aquí se observa una ampliación normativa importante: los agregadores de pago y mercados en línea pasan a tener un rol más claro como agentes de retención, incluso respecto de sus propios ingresos. Esta disposición refleja el creciente peso de las plataformas digitales en la economía ecuatoriana.&nbsp;El 3 % continúa aplicándose a servicios donde predomina la mano de obra sobre el componente intelectual, así como a ciertos rendimientos financieros y operaciones realizadas mediante liquidaciones de compra. Adicionalmente, la resolución establece una regla residual clara: cualquier pago que no tenga un porcentaje específico definido deberá someterse a este porcentaje de retención. Esto evita vacíos normativos y facilita la operatividad para los agentes de retención.&nbsp;Uno de los cambios más significativos se observa en el tratamiento de servicios profesionales y actividades intelectuales, que se mantienen con una retención del 10 % cuando son prestados por personas naturales. La resolución reafirma que este porcentaje aplica independientemente de que el prestador tenga o no título profesional o de que dicho título esté relacionado con la actividad realizada. Esto busca cerrar espacios de interpretación que anteriormente generaban controversias en procesos de control tributario.&nbsp;Particularmente relevante es la incorporación expresa de personas que monetizan su imagen o influencia, tales como artistas, deportistas, entrenadores, árbitros o influencers, quienes quedan sujetos a una retención del 10 % sobre honorarios, regalías o pagos vinculados con el uso de su imagen o renombre. Esta precisión no estaba desarrollada con el mismo nivel de detalle en la resolución de 2024, lo cual evidencia la adaptación del sistema tributario a nuevas formas de generación de ingresos.&nbsp;Comparativamente, la Resolución NAC-DGERCGC24-00000008 presentaba una estructura similar de porcentajes, pero carecía de algunas precisiones conceptuales que ahora se incorporan, especialmente en materia de plataformas de pago, economía digital y monetización de la imagen personal. En términos generales, el nuevo instrumento normativo no representa una reforma radical del régimen de retenciones, sino más bien una actualización técnica y una clarificación normativa que busca fortalecer el control tributario.Desde la perspectiva de los profesionales independientes, la retención del 10 % continúa funcionando como un mecanismo de anticipo del impuesto a la renta. Esto implica que la correcta emisión de comprobantes de retención y el adecuado registro contable de dichos valores sigue siendo fundamental para evitar diferencias en las conciliaciones tributarias al cierre del ejercicio fiscal.En el caso de artistas, deportistas e influencers, la resolución genera un marco más claro respecto al tratamiento tributario de ingresos derivados del uso de la imagen, patrocinios o publicidad. Para estos contribuyentes resulta crucial documentar adecuadamente los contratos y distinguir entre pagos por servicios, regalías o derechos de imagen, ya que cada figura puede tener implicaciones fiscales específicas.Para personas naturales o jurídicas sujetas a retención, independientemente del porcentaje aplicable, es recomendable implementar controles internos que aseguren: correcta clasificación del ingreso, verificación del porcentaje aplicable y conciliación periódica entre comprobantes de retención recibidos y registros contables. Estas prácticas reducen el riesgo de inconsistencias frente a procesos de control del SRI.Finalmente, para agentes de retención, especialmente empresas, instituciones financieras y plataformas de pago, resulta indispensable actualizar sus sistemas contables y de facturación conforme a la nueva resolución. Asimismo, deben prestar especial atención a la disposición transitoria que permitió emitir comprobantes de retención correspondientes a las operaciones del 1 al 15 de marzo de 2026 hasta el 31 de marzo del mismo año, con el objetivo de facilitar la adaptación tecnológica de los contribuyentes.&nbsp;En conclusión, la Resolución NAC-DGERCGC26-00000009 consolida el régimen de retenciones en la fuente en Ecuador manteniendo la estructura tradicional pero introduciendo precisiones relevantes frente a nuevas realidades económicas. Su correcta aplicación exige no solo conocimiento normativo, sino también una adecuada gestión contable y documental por parte de contribuyentes y agentes de retención, especialmente en sectores donde la economía digital y los servicios profesionales tienen un papel cada vez más predominante.Si necesitas ayuda con tus procesos tributarios, recuerda que en CR3 Consultor contamos con amplio staff de expertos que pueden asesorarte, consúltanos, nuestas citas y consultas son gratuitas.

Nuevos porcentajes de retención en la fuente en Ecuador: claves prácticas de la Resolución NAC-DGERCGC26-00000009 y su impacto para profesionales, artistas y agentes de retención

business teamwork meeting and success for achievement goal

<h2>La Interacción de Procesos según la ISO 9001:2015.</h2>En la gestión moderna, pocas herramientas son tan potentes&nbsp; y tan poco comprendidas como el enfoque de interacción de procesos de la Norma ISO 9001. Esta herramienta sintetiza, de forma estructurada, cómo una organización transforma requisitos en resultados mediante procesos interrelacionados que involucran liderazgo, planificación, operación, evaluación del desempeño y mejora continua.En términos técnicos, representa el ciclo de gestión basado en procesos que articula los capítulos 4 al 10 de la ISO 9001, integrando además otras normas como ISO 14001, ISO 45001, ISO 50001 y ISO 37001 que aunque parezcn departamentos o entidades con competencias diferentes, definitivamente el enfoque nos enseña que no se trata de departamentos aislados, sino de un sistema dinámico donde cada proceso impacta directamente en el siguiente.La interacción de procesos inicia, de manera específica, con la calidad del liderazgo y las partes interesadas: clientes, empleados, proveedores, gobierno, sociedad y accionistas. En el contexto ecuatoriano, esto es particularmente relevante para entidades públicas que deben alinear su gestión con los requerimientos regulatorios y ciudadanos, un ejemplo verificable es el del Servicio de Rentas Internas, cuya digitalización y control de procesos internos responde a una clara articulación entre planificación estratégica, control operativo y evaluación de desempeño, siendo desde hace años atrás, referente ejerciendo sus actividades.La planificación, la cual incluye gestión de riesgos, objetivos del sistema, indicadores KPI/OKR y gestión de cambios, constituye el puente entre la intención estratégica y la ejecución según ISO 9001. Empresas privadas ecuatorianas como Corporación Favorita han demostrado que la identificación temprana de riesgos logísticos y comerciales permite asegurar continuidad operativa y satisfacción del cliente, especialmente en entornos de alta volatilidad económica.El eje central de la interacción de procesos en una organización se encuentra porsupuesto en la provisión del servicio: desde la identificación de requisitos del cliente, diseño y desarrollo, control operacional, hasta la liberación del producto o servicio, siendo este flujo crítico en todas las organizaciones ya que representan la razón de ser de nuestro negocio, reconociendo siempre que la trazabilidad técnica, la transparencia y el control de salidas no conformes determinan la sostenibilidad del negocio.La evaluación del desempeño, identificada en auditorías internas y externas, revisión por la dirección, análisis de indicadores y satisfacción del cliente,&nbsp; cierra el ciclo de control en la interacción de procesos en las organizaciones, lo que permite verificar los datos y los resutados obtenidos, evitando tomar decisiones por percepción, sino por datos exactos que son resultado de la evaluación de desempeño efectuada.El componente de mejora continua es el elemento diferenciador. No conformidades, acciones correctivas y lecciones aprendidas retroalimentan el sistema. Esta lógica evita que los errores se repitan y transforma cada desviación en una oportunidad de optimización organizacional. Otro aspecto estratégico es la integración con proveedores y procesos externos. En Ecuador, sectores como el petrolero o energético, así como los GAD's, en especail municipales, requieren una gestión rigurosa de contratistas y terceros, donde el control documental y la evaluación de desempeño son críticos para la transparencia y la eficiencia.Como se puede observar, la interacción de procesos no es simplemente un requisito normativo; es una arquitectura organizacional, permite visualizar cómo el área de ventas impacta en operaciones, cómo recursos humanos influye en la calidad del servicio, y cómo la infraestructura y los recursos de medición sostienen la confiabilidad de los resultados. En organizaciones públicas, esta interacción reduce la fragmentación institucional; en empresas privadas, mejora la rentabilidad al eliminar reprocesos y desperdicios. Cuando los procesos están claramente definidos, medidos y conectados, la toma de decisiones se vuelve sistémica y estratégica.Por consecuencia, la gestión empresarial no es una suma de actividades aisladas, sino un engranaje coordinado donde cada proceso agrega valor y en el contexto ecuatoriano, marcado por exigencias regulatorias, presión competitiva y necesidad de transparencia, adoptar este enfoque no es opcional: es una ventaja estratégica.&nbsp;

Interacción de Procesos en ISO 9001: La Arquitectura Estratégica que Transforma la Calidad en Ventaja Competitiva

ESG concept of environmental, social and governance, idea for sustainable organizational development. ​account the environment, society and corporate governance

En los últimos años, la sostenibilidad dejó de ser un “valor agregado” para convertirse en una condición básica de competitividad. Hoy, tanto organizaciones públicas como privadas enfrentan una pregunta clave: ¿cómo saber si realmente están aportando al desarrollo sostenible? La respuesta está en los indicadores de sostenibilidad, herramientas que permiten medir con datos reales el impacto ambiental, social y de gobernanza de las decisiones que se toman cada día.Los indicadores de sostenibilidad no son solo números en un informe. Son una forma de traducir los principios de la sostenibilidad en acciones concretas y medibles. Cuando una institución mide su consumo de energía, la seguridad de sus trabajadores o la transparencia de sus procesos, está creando un puente entre la estrategia y la realidad operativa. Ese puente es el que permite mejorar de manera continua y rendir cuentas a la ciudadanía, a los clientes y a los financiadores.El enfoque más utilizado para ordenar estos indicadores es el ASG (Ambiental, Social y Gobernanza). En la dimensión ambiental se evalúan aspectos como el uso de agua, la generación de residuos o las emisiones. En la dimensión social se observan condiciones laborales, seguridad, igualdad de oportunidades y aporte a la comunidad. En la gobernanza se mide la ética, la transparencia y el cumplimiento normativo. Este enfoque se conecta con marcos globales como los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), que ayudan a alinear los esfuerzos locales con metas globales.Aterrizar estos conceptos a la práctica es más sencillo de lo que parece, por ejemplo, una empresa o institución puede comenzar midiendo cuánta energía consume por persona al mes. Con ese dato, se pueden fijar metas realistas de reducción mediante acciones simples como cambiar luminarias, optimizar horarios de uso de equipos o promover hábitos de ahorro, lo que nos permite contar con un indicador claro que convierte una buena intención en una acción medible. En el ámbito social, un indicador muy útil es la tasa de accidentes laborales y, si en tu organización detectas que este valor es alto, puede implementar capacitaciones en seguridad, mejorar equipos de protección y rediseñar procesos, dando seguimiento al indicador puedes evidenciar documentadamente si las medidas funcionan o si es necesario ajustar la estrategia, de esa manera nos daremos cuenta que midiendo nos permitirá aprender y corregir.En el ámbito de gobernanza, la transparencia de los procesos de compras o contratación es clave, especialmente en el sector público, entonces, medir el porcentaje de procesos auditados o con criterios de integridad ayuda a reducir riesgos de incumplimiento y fortalece la confianza de la ciudadanía mientras tanto que, en el sector privado, estos indicadores son cada vez más valorados por clientes e inversionistas que buscan organizaciones confiables y responsables.Uno de los principales aprendizajes que la experiencia me ha dejado en el ámbioto de la sostenibilidad, es que no se trata de medirlo todo, sino de medir lo que realmente importa. Debemos ser capaces de identificar en cada organización cuáles son sus impactos más relevantes según su sector y contexto porque nos daremos cuenta que no enfrenta los mismos retos una empresa de turismo que una universidad o un municipio. Elegir pocos indicadores, pero estratégicos, es más efectivo que manejar decenas de métricas que terminan desgastando y no se usan para tomar decisiones.Para empezar de forma ordenada, te brindo una guía rápida de aplicación puede ser de gran ayuda:<ul><li>Primero, definir objetivos claros de sostenibilidad alineados con la misión de la organización. </li><li>Segundo, identificar los impactos más relevantes en lo ambiental, social y de gobernanza. </li><li>Tercero, seleccionar algunos indicadores clave y establecer una línea base. </li><li>Cuarto, fijar metas realistas y responsables. </li><li>Quinto, asignar responsables de medir y revisar los datos y, </li><li>Usar la información para mejorar procesos y comunicar avances de manera transparente.</li></ul>En el contexto ecuatoriano, los indicadores de sostenibilidad son especialmente importantes. Permiten a las instituciones públicas fortalecer la gestión por resultados, mejorar la eficiencia del gasto y demostrar impacto en proyectos de infraestructura, ambiente o servicios sociales. En las empresas privadas, facilitan el acceso a mercados, financiamiento y alianzas, en un entorno donde la sostenibilidad es cada vez más un requisito y no solo una ventaja competitiva. También es importante evitar errores comunes como son: definir indicadores sin responsables, fijar metas inalcanzables o recolectar datos que luego no se utilizan para mejorar la gestión. Un indicador solo tiene sentido si orienta decisiones reales porque medir por medir no transforma; medir para mejorar sí.En conclusión, los indicadores de sostenibilidad son una herramienta poderosa para convertir la sostenibilidad en gestión cotidiana. No solo permiten cumplir con normativas o reportes, sino que ayudan a construir organizaciones más eficientes, transparentes y comprometidas con su entorno, más aún en un país como el nuestro, donde los retos sociales y ambientales son tan evidentes porque la sostenibilidad no se construye con grandes discursos, sino con pequeñas mejoras sostenidas en el tiempo que, sumadas, generan un impacto real.EPMJ &nbsp; &nbsp; &nbsp;

ESG en acción: cómo medir la sostenibilidad y transformar la gestión de organizaciones públicas y privadas en el Ecuador

La Ley Orgánica de Empresas Públicas (LOEP) es la norma que regula la constitución, organización, funcionamiento, fusión, escisión y liquidación de las empresas públicas en el Ecuador. Establece procedimientos específicos para que las entidades estatales sujetas a esta ley funcionen con autonomía económica, financiera, administrativa y de gestión, pero al mismo tiempo bajo controles y mecanismos de rendición de cuentas orientados por la Constitución y la planificación estatal. Además, la LOEP define la integración de los órganos de dirección, los principios de gestión y la regulación del talento humano, así como los criterios para la extinción y liquidación de empresas cuando dejan de cumplir sus fines o resultan inconvenientes para la economía nacional o el interés público.Desde 2012 hasta mediados de los años 2020, el Estado ecuatoriano inició procesos de liquidación de varias empresas públicas que, bajo distintos gobiernos, acumularon resultados negativos o no cumplieron con objetivos de servicio y eficiencia. Un análisis cuantitativo de estos procesos muestra que ocho empresas públicas generaron pérdidas acumuladas por aproximadamente USD 692,4 millones entre 2012 y mayo de 2020, de acuerdo con datos recopilados por la Empresa Coordinadora de Empresas Públicas (EMCO).Estos ocho casos de liquidación incluyeron a Ferrocarriles del Ecuador EP, Ecuador Estratégico, los Centros de Alto Rendimiento (CEAR), la aerolínea Tame, la Unidad Nacional de Almacenamiento (UNA), Siembra EP (ex Yachay), Correos del Ecuador y Medios Públicos EP. Entre estas empresas, algunas, como Tame EP, presentaban un patrimonio neto negativo significativo, con estimaciones alrededor de USD 398 millones en patrimonio negativo, complicando aún más su proceso de cierre.Desde una perspectiva cualitativa, según el portal Primicias, las razones que llevaron a estas liquidaciones incluyen ineficiencias operativas persistentes, pérdidas financieras recurrentes, sobrecostos en nóminas y dificultades administrativas para gestionar activos y pasivos, casos de corrupción, entre otras. El proceso de liquidación mismo ha enfrentado dificultades administrativas sustanciales, como la lenta venta de activos —solo alrededor del 30% de activos de empresas en liquidación fue vendido— y retos en la desvinculación de personal, aunque entre 2017 y 2021 la nómina de empleados de estas empresas se redujo de más de 6.000 a cerca de 900 personas.En este contexto, los pasivos de las empresas en proceso de liquidación superaban los USD 410,6 millones, frente a activos con un valor estimado en USD 1.045 millones y un patrimonio consolidado de cerca de USD 635 millones, lo que refleja un desequilibrio entre obligaciones financieras y la capacidad real de recuperación a través de activos.Un caso que ejemplifica tendencias estructurales en empresas públicas de sectores estratégicos es Petroamazonas EP, que si bien no ha sido objeto de liquidación, fue creada bajo el amparo de la LOEP y representa la complejidad de administrar una empresa petrolera estatal con autonomía, mientras se espera que contribuya a ingresos y planificación estratégica del Estado.Además de estas grandes empresas del ejecutivo, empresas públicas locales y municipales han enfrentado sus propias complejidades administrativas y financieras. Por ejemplo, en años recientes hubo debates en Gobiernos Autónomos Descentralizados sobre la liquidación o restructuración de empresas municipales de agua potable y alcantarillado, como la Empresa Pública Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Pedro Vicente Maldonado, donde se pudo observar intesas discusiones de concejales cantonales sobre la histórica operatividad y eficiencia de la misma, pasando a la viabilidad jurídica de su liquidación conforme a ordenanzas locales y la LOEP, situación que no ocurre hasta la fecha, a pesar de haber sido tomada una decisión a través del Concejo Municipal y el correspondiente Directorio, generando gastos para los contribuyentes locales, especialmente al mantener el personal liquidador, producto de la deficiente planificación y ejecución de la liquidación empresarial que a su vez es causada por el desconocimiento técnico y legal de los representantes del GAD.De manera cuantitativa, en un panorama más amplio, alrededor de 269 empresas públicas con presupuestos que superan los USD 16.200 millones al año operan en diferentes niveles del Estado, con una concentración de recursos en pocas empresas grandes bajo la función ejecutiva, lo que refleja la envergadura del sector público empresarial y la complejidad de su regulación y supervisión.En cuanto a la generación de resultados, no todos los casos de empresas públicas han sido negativos; por ejemplo, en 2023 se reportó que varias entidades generaron cifras positivas, aunque con disminución de aportes frente a años anteriores, y algunas empresas continuaron mostrando pérdidas, lo que pone de manifiesto la necesidad de una gestión empresarial pública más robusta y eficiente.En términos de gestión humana, la LOEP exige procesos de selección del talento humano alineados con principios empresariales y administrativos, así como limitaciones estrictas para la participación de funcionarios en actividades que puedan implicar conflictos de interés, lo que busca reforzar la responsabilidad y transparencia en estas entidades.A pesar de que el artículo 55 y siguientes de la LOEP determinan que la propuesta para liquidar una empresa pública debe provenir del ministerio o autoridad rectora, con una propuesta motivada al directorio de la empresa, y que los administradores durante la liquidación quedan con facultades limitadas para evitar nuevos compromisos financieros, la experiencia evidencia que, aunque la LOEP ofrece marcos y pasos claros para disolver o liquidar empresas públicas, las dificultades administrativas reales, como la venta de activos, el pago de pasivos, la desvinculación de personal con los consabidos pagos de liquidaciones y la transferencia de funciones, han generado plazos prolongados y retos financieros adicionales, lo que subraya la necesidad de revisar tanto la gestión interna como el entorno regulatorio para mejorar la eficiencia y sostenibilidad de las empresas públicas en el país.EPMJ

Las Complicadas Empresas Públicas en el Ecuador

Stressed cartoon people carrying a big pile of garbage

El incremento sostenido en la generación de residuos sólidos es una consecuencia directa del crecimiento poblacional, la urbanización y los cambios en los patrones de consumo. En Ecuador, esta problemática adquiere particular relevancia debido a la heterogeneidad territorial, social y económica de sus cantones, lo que exige estrategias de gestión diferenciadas y basadas en evidencia técnica.En este contexto, la caracterización y cuantificación de residuos sólidos no peligrosos se consolidan como instrumentos clave para comprender la dinámica de generación de residuos y diseñar sistemas de gestión eficientes, sostenibles y alineados con el marco legal ambiental. La ausencia de información confiable limita la planificación, incrementa los costos operativos y reduce la efectividad de las políticas públicas locales.La gestión de residuos sólidos en Ecuador se encuentra regulada principalmente por el Código Orgánico del Ambiente (CODA), que establece la responsabilidad del Estado en la prevención y control de la contaminación ambiental, y reconoce la gestión integral de residuos como una actividad prioritaria. Complementariamente, el Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización (COOTAD) asigna a los GAD's municipales la competencia exclusiva sobre la prestación del servicio público de aseo. La Ley Orgánica de Economía Circular Inclusiva (LOECI), analizada en un blog anterior, incorpora principios de reducción, reutilización, reciclaje y valorización, reforzando la necesidad de contar con estudios técnicos que permitan identificar el potencial de aprovechamiento de los residuos sólidos no peligrosos.<h3>El Estudio de Cuantificación y Caracterización de Residuos Sólidos No Peligrosos (ECCRS)</h3>El ECCRS es un estudio técnico basado en información primaria, cuyo objetivo es determinar la producción per cápita, la generación total, la composición y la densidad de los residuos sólidos no peligrosos generados en un territorio específico. Según la metodología oficial del MAATE, este estudio debe realizarse de forma periódica, al menos cada cuatro años, para garantizar información actualizada y comparable. Más allá de su carácter diagnóstico, el ECCRS constituye un insumo obligatorio para la formulación de planes de gestión integral, el diseño de infraestructuras de disposición final y la evaluación de alternativas de valorización de residuos.La metodología propuesta por el Ministerio de Energía y Ambiente se basa en principios estadísticos de muestreo representativo, adaptados a la categoría poblacional de cada cantón. Este enfoque reconoce la imposibilidad de evaluar la totalidad de los generadores de residuos y prioriza la confiabilidad y representatividad de los datos obtenidos. El diseño metodológico incorpora criterios de estratificación socioeconómica, diferenciación entre generadores domiciliarios y no domiciliarios, y procedimientos estandarizados para la recolección, clasificación y análisis de los residuos sólidos.Un elemento central del enfoque metodológico es la clasificación de los cantones en categorías poblacionales (micro, pequeño, mediano, grande y especial), esta clasificación determina el tamaño de las muestras, el número de sectores a evaluar y el nivel de detalle requerido en el estudio; de manera complementaria, se identifican las principales fuentes generadoras de residuos sólidos, entre las que se incluyen domicilios urbanos y rurales, establecimientos comerciales, mercados, instituciones educativas, servicios de alimentación y barrido de vías públicas. Esta diferenciación permite una comprensión integral del sistema de generación de residuos.El ECCRS se estructura en cuatro etapas: planificación, diseño, trabajo de campo y análisis de resultados. La etapa de planificación es crítica, ya que define la conformación del equipo técnico, la recopilación de información secundaria y la asignación de recursos, el trabajo de campo comprende la recolección de muestras, su pesaje, clasificación por tipo de residuo y determinación de densidades, siguiendo protocolos técnicos y de seguridad que garantizan la calidad de la informaciónLa información recolectada se procesa mediante indicadores técnicos como la producción per cápita, la generación total diaria y anual, la densidad promedio y la composición porcentual de los residuos. Estos indicadores permiten evaluar la eficiencia del sistema de gestión existente y proyectar escenarios futuros de generación, fortaleciendo la confiabilidad de los resultados a través de un análisis estadístico y una adecuada validación de datos.Los resultados de un ECCRS adecuadamente ejecutado permiten a los GAD's municipales optimizar rutas de recolección, dimensionar infraestructuras, justificar inversiones públicas y diseñar programas de reducción y aprovechamiento de residuos. Asimismo, constituyen una herramienta clave para la formulación de políticas públicas alineadas con los principios de sostenibilidad y economía circular.<h3>Análisis de la separación en la fuente en Ecuador: avances y brechas.</h3>Por otro lado, los datos oficiales más recientes evidencian que la separación de residuos sólidos en la fuente aún enfrenta importantes desafíos de cobertura y consolidación metodológica a nivel municipal. Según cifras del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC) y la Asociación de Municipalidades Ecuatorianas (AME), solo alrededor del 31,7 % de los municipios del país han iniciado o mantienen procesos de separación en la fuente de residuos sólidos, lo que implica que la mayoría de los Gobiernos Autónomos Descentralizados Municipales (GAD) aún no ha implementado prácticas sistemáticas de segregación primaria que permitan identificar y valorizar fracciones de residuos como orgánicos, reciclables y no reciclables. Esta proporción refleja limitaciones tanto en gestión técnica como en corresponsabilidad ciudadana y promoción normativa (INEC–AME, 2023).Los informes nacionales también muestran que en la fase de recolección diferenciada a nivel general, aproximadamente el 22,9 % de los residuos recolectados se clasifican o recolectan de manera diferenciada, lo cual, aunque representa un avance respecto a modelos de recolección tradicionalmente no diferenciada, indica una persistente concentración de residuos mezclados que dificulta los procesos de reciclaje y aprovechamiento. Esta falta de separación en la fuente tiene implicaciones directas sobre la eficiencia del sistema de gestión integral, incrementando los costos operativos y reduciendo el potencial de recuperación de materiales valorizables.A nivel de hogares, si bien una parte considerable de familias reporta actividades de clasificación en casa, lo cual sugiere una tendencia positiva hacia prácticas ambientales responsables, esta separación doméstica no siempre se traduce en recolección y manejo diferenciados por parte de los sistemas municipales, lo que evidencia una brecha entre la intención de separación y su efectiva integración en la cadena de gestión.En conjunto, los datos nacionales posicionan a la separación en la fuente como un componente crítico para transitar hacia la economía circular y optimizar los sistemas de residuos sólidos municipales en el Ecuador, pero también subrayan la necesidad de fortalecer capacidades técnicas, normativas e incentivos de corresponsabilidad ciudadana para escalar experiencias exitosas y articularlas con instrumentos de planificación y gestión local.<h3>Caracterización de residuos sólidos no peligrosos y fortalecimiento de la separación en la fuente en los gobiernos locales del Ecuador</h3>Con base en el análisis de los datos nacionales disponibles y en la experiencia que han proporcionado los años de gestión y trabajo, se ha indentificado algunas acciones de política pública orientadas a fortalecer la separación en la fuente y mejorar la eficiencia de los sistemas de gestión integral de residuos sólidos en los cantones del Ecuador:<ol><li>Institucionalizar la separación en la fuente como política pública obligatoria y progresiva.- Incorporar la separación en la fuente de manera explícita y obligatoria en las ordenanzas municipales, con metas progresivas diferenciadas según la categoría poblacional del cantón.</li><li>Articular la separación en la fuente con los Estudios de Caracterización y Cuantificación (ECCRS).- Los resultados de los ECCRS deben convertirse en el principal insumo técnico para definir los flujos de residuos a separar en la fuente (orgánicos, reciclables, no aprovechables), priorizando aquellas fracciones que representen mayor volumen o potencial de valorización.</li><li>Fortalecer la capacidad técnica y operativa de los GAD's municipales.-Los datos nacionales evidencian que una de las principales limitaciones para la separación en la fuente es la capacidad técnica y operativa de los municipios, por lo que la decisión política de fortalecer el área de gestión de desechos no peligrosos es esencial.</li><li>Implementar incentivos económicos y mecanismos tarifarios diferenciados.- Para promover la corresponsabilidad ciudadana, se recomienda diseñar esquemas de incentivos económicos vinculados a la separación en la fuente, tales como tarifas diferenciadas de recolección, descuentos por cumplimiento o incentivos a barrios, instituciones e industrias que demuestren buenas prácticas.</li><li>Integrar a recicladores de base y actores de la economía popular y solidaria.- La política pública debe reconocer e integrar formalmente a los recicladores de base dentro de los sistemas municipales de separación en la fuente.</li><li>Alinear educación ambiental con la infraestructura y el servicio de recolección.- Los datos muestran que la separación en hogares no siempre se traduce en una gestión diferenciada efectiva. Por ello, la implementación de mecanismos de educación, capacitación, concienciación y difusión ambiental son esenciales y deben estar directamente articuladas con la disponibilidad real de infraestructura, rutas diferenciadas y sistemas de seguimiento, evitando la desmotivación ciudadana generada por la falta de coherencia entre el mensaje y la práctica institucional.</li><li>Establecer sistemas de monitoreo, evaluación y reporte público.- Es indispensable que los programas de separación en la fuente incorporen indicadores claros de desempeño, tales como porcentaje de cobertura, volumen de residuos separados y tasas de aprovechamiento. También es importante la transparencia por lo que implementar sistemas de reporte público anual ayudarán a identificar brechas y fortalecer la transparencia y rendición de cuentas a nivel local.</li><li>Promover una política nacional de separación en la fuente con enfoque territorial.- Finalmente, podría ser una buena recomendación que, a través de la Asociación de Municipalidades del Ecuador, se gestione una política nacional de separación en la fuente que reconozca las diferencias territoriales, socioeconómicas y operativas entre cantones. Este enfoque permitiría estandarizar criterios mínimos, sin imponer modelos únicos, y facilitaría la articulación entre el nivel nacional y los GAD municipales.</li></ol>Es importante reconocer que una proporción significativa de los residuos sólidos no peligrosos es potencialmente valorizable por lo que, la separación en la fuente, tanto en hogares como en instituciones e industrias, se presenta como un eje transversal para mejorar la eficiencia del sistema de gestión y reducir la presión sobre los sitios de disposición final.&nbsp;<h3>Referencias bibliográficas</h3> Ministerio del Ambiente, Agua y Transición Ecológica (MAATE). Guía para la cuantificación y caracterización de residuos y desechos sólidos no peligrosos en cantones del Ecuador. Ecuador.&nbsp;Asamblea Nacional del Ecuador. Código Orgánico del Ambiente. Registro Oficial, Ecuador.Asamblea Nacional del Ecuador. Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización (COOTAD). Registro Oficial, Ecuador.Asamblea Nacional del Ecuador. Ley Orgánica de Economía Circular Inclusiva. Registro Oficial, Ecuador.EPMJ

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