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Hablar de educación ambiental en el Ecuador ya no debe considerarse un tema complementario dentro de la formación estudiantil, sino una necesidad estratégica para la supervivencia social, económica y ecológica del país. En una nación megadiversa como la nuestra, donde convergen ecosistemas amazónicos, andinos, costeros e insulares, formar ciudadanos ambientalmente responsables desde la niñez representa una inversión directa en el futuro del Estado y en la calidad de vida de las próximas generaciones. La educación ambiental, entendida como un proceso pedagógico y participativo permanente, debe estar enfocado a desarrollar la conciencia del individuo frente a los problemas ambientales y fomentar capacidades comunitarias para solucionarlos.Actualmente, el sistema educativo ecuatoriano aborda ciertos contenidos ambientales de manera transversal; sin embargo, la realidad demuestra que esto resulta insuficiente frente a desafíos como el cambio climático, la contaminación hídrica, la deforestación, la mala gestión de residuos y la pérdida acelerada de biodiversidad. A criterio de quien suscribe, los estudiantes necesitan espacios curriculares específicos que les permitan comprender el ambiente no únicamente desde la teoría, sino desde la práctica, la investigación y las consecuencias de la toma de decisiones en su vida cotidiana respecto a la calidad ambiental.La educación ambiental también constituye un mecanismo de transformación cultural. La cultura ambiental depende de las prácticas que los individuos desarrollan frente al ambiente y cómo éstas deben orientarse hacia el bienestar de las generaciones presentes y futuras. En consecuencia, incorporar materias ambientales en la educación básica permitiría construir hábitos sostenibles desde edades tempranas, fortaleciendo valores como la responsabilidad ambiental, el respeto por la naturaleza y la vida, la participación comunitaria incluyendo conceptos como economía circular o ciclo de vida de productos.Desde una perspectiva pedagógica, enseñar gestión ambiental en las aulas mejora significativamente el pensamiento crítico y la capacidad de resolución de problemas, debemos comprender que la educación ambiental promueve que los estudiantes entiendan la relación entre ambiente, sociedad, política, economía y cultura, permitiendo que interpreten las problemáticas ambientales desde una visión integral. Esto resulta fundamental en un contexto global donde las decisiones ambientales impactan directamente la salud pública, la economía y el desarrollo sostenible de los territorios.En el caso ecuatoriano, además, la inclusión de asignaturas ambientales fortalecería el cumplimiento de principios constitucionales vinculados a los derechos de la naturaleza y al Buen Vivir establecidos en la Constitución de la República y, siendo dicho marco jurídico uno de los primeros países del mundo en reconocer constitucionalmente a la naturaleza como sujeto de derechos, sería de vital importancia que este enfoque se traduzca de manera sólida y estructurada en la educación escolar obligatoria, formando así mejores estudiantes que en mediano y largo plazo se convertirán en mejores personas, mejores empresarios, mejores líderes, mejores ciudadanos y mejores políticos, que no pretendan, como pasó hace pocos meses, cambiar la Constitución en perjuicio de los derechos ambientales conseguidos en la legislación macro vigente.Una propuesta curricular ambiental para educación básica podría estructurarse progresivamente, considerando la edad y el nivel cognitivo de los estudiantes, por ello, se plantea una propuesta que ha pesar de ser muy general, podría ser la base para el desarrollo de un currículum educatvio permanente en la educación general básica:<ul><li>En primer año de básica podría impartirse la materia “Descubriendo la Naturaleza”, enfocada en el reconocimiento de animales, plantas y ecosistemas locales, fortaleciendo el vínculo emocional del niño con su entorno.</li><li>En segundo año de básica, “Hábitos Verdes y Cuidado del Agua” permitiría desarrollar prácticas básicas de ahorro y limpieza ambiental dentro del hogar y la escuela.</li><li>Para tercer año de básica, la materia “Reciclaje y Separación de Residuos” ayudaría a comprender la clasificación de residuos orgánicos e inorgánicos, así como la importancia del reciclaje para disminuir la contaminación.</li><li>En cuarto año podría implementarse “Biodiversidad del Ecuador”, asignatura esencial para valorar la riqueza natural del país y comprender la necesidad de conservarla frente a amenazas ambientales crecientes.</li><li>En quinto año, la materia “Cambio Climático y Responsabilidad Ciudadana” permitiría introducir conceptos relacionados con calentamiento global, emisiones contaminantes y consumo responsable.</li><li>Para sexto año, “Huertos Escolares y Agricultura Sostenible” impulsaría experiencias prácticas vinculadas a soberanía alimentaria, compostaje y aprovechamiento de residuos orgánicos, fortaleciendo además habilidades colaborativas y comunitarias.</li><li>En séptimo año, la asignatura “Gestión Ambiental Comunitaria” podría enseñar diagnóstico ambiental básico y participación ciudadana en proyectos ecológicos.</li><li>En octavo año, “Economía Circular y Consumo Responsable” prepararía a los estudiantes para comprender cómo reducir desperdicios y reutilizar materiales en beneficio del ambiente y la economía familiar.</li><li>Para noveno año de básica, una materia denominada “Legislación Ambiental y Derechos de la Naturaleza” permitiría que los estudiantes conozcan principios constitucionales, normativas ambientales y mecanismos de participación social.</li><li>Finalmente, en décimo año, “Innovación y Emprendimiento Ambiental” impulsaría el desarrollo de proyectos ecológicos escolares enfocados en energías renovables, reciclaje, reutilización y soluciones sostenibles para problemas locales.</li></ul>La implementación de estas materias no debe entenderse como una carga adicional para el sistema educativo, sino como una estrategia nacional de prevención ambiental y transformación social; diversos estudios y enfoques pedagógicos coinciden en que los cambios culturales sostenibles solo son posibles cuando la educación logra integrarse de manera permanente en la vida cotidiana de las personas y creo fervientemente que la escuela tiene la capacidad de convertirse en el principal motor de conciencia ambiental del país, agregando solamente un par de horas semanales en su horario de estudio.Hoy más que nunca, el Ecuador necesita políticas públicas educativas capaces de anticiparse a las crisis ambientales del futuro por lo que formar niños y jóvenes ambientalmente responsables no solo reducirá impactos ecológicos a largo plazo, sino que fortalecerá la construcción de una ciudadanía más consciente, participativa y comprometida con el desarrollo sostenible. La verdadera transformación ambiental del país no debe iniciar únicamente en las leyes o en los ministerios; debe comenzará en las aulas, en las manos de los docentes y en la conciencia de cada estudiante que aprenda que proteger la naturaleza también significa proteger la vida misma.EPMJ

Educar para Salvar el Futuro: La Necesidad de Incorporar la Gestión Ambiental en la Educación Básica del Ecuador

A person sitting at a desk with a laptop and papers

En los últimos años, el sistema tributario ecuatoriano ha experimentado una transformación significativa impulsada por la digitalización. Uno de los cambios más relevantes ha sido la transición desde la facturación física hacia la facturación electrónica, promovida por el Servicio de Rentas Internas. Para muchos emprendedores, este cambio inicialmente genera resistencia; sin embargo, un análisis técnico demuestra que no solo es una obligación normativa, sino una herramienta estratégica de gestión empresarial.La facturación electrónica se define como un mecanismo de emisión de comprobantes de venta que cumple con todos los requisitos legales exigidos por la administración tributaria, garantizando autenticidad e integridad de la información mediante mecanismos tecnológicos como la firma electrónica. &nbsp;Este sistema tiene la misma validez legal que los documentos físicos, lo que elimina uno de los principales temores de los contribuyentes que aún operan con papel.Desde una perspectiva normativa, la base legal de este sistema se sustenta en la Ley de Comercio Electrónico, Firmas Electrónicas y Mensajes de Datos, la cual reconoce jurídicamente los mensajes de datos y la firma electrónica como equivalentes funcionales de los documentos físicos. Este principio es clave, ya que establece que una factura electrónica tiene la misma fuerza probatoria que una factura impresa, siempre que cumpla con los requisitos técnicos y legales correspondientes.Uno de los beneficios más evidentes para el emprendedor es la reducción de costos operativos. Al eliminar el uso de papel, impresión, almacenamiento físico y transporte de documentos, las empresas logran optimizar recursos. De acuerdo con información oficial, la facturación electrónica permite un ahorro significativo en papelería y archivo, además de contribuir a la sostenibilidad ambiental. &nbsp;En términos prácticos, un pequeño negocio en Quito que emite 500 facturas mensuales puede reducir gastos administrativos de forma considerable en el corto plazo.Otro beneficio importante es la agilidad en los procesos administrativos. La emisión, envío y validación de comprobantes se realiza en cuestión de segundos, lo que mejora el flujo de caja y la relación con clientes. Por ejemplo, un emprendedor del sector gastronómico puede emitir una factura y enviarla automáticamente por correo electrónico, evitando retrasos en cobros o inconsistencias en registros contables. Esta automatización reduce errores humanos y mejora la eficiencia organizacional.Desde el punto de vista tributario, la facturación electrónica facilita el cumplimiento de obligaciones fiscales. Al integrarse directamente con los sistemas del SRI, se reduce el riesgo de omisiones, inconsistencias o sanciones. Además, el contribuyente cuenta con un respaldo digital ordenado que simplifica procesos como declaraciones de IVA, retenciones y conciliaciones tributarias. Esto es especialmente relevante para estudiantes y profesionales contables que buscan precisión en la información financiera.La seguridad de la información es otro aspecto clave. Los comprobantes electrónicos presentan menor probabilidad de falsificación y mayor control sobre su autenticidad, ya que cada documento contiene mecanismos de validación digital. &nbsp;En contraste, los documentos físicos pueden ser alterados, extraviados o deteriorados, lo que representa un riesgo tanto operativo como legal.Un elemento central en este ecosistema es la firma electrónica, cuya importancia no puede subestimarse. Este mecanismo permite identificar al emisor y garantizar que el contenido del documento no ha sido modificado. Según la normativa ecuatoriana, un comprobante electrónico solo tiene validez legal si contiene una firma electrónica válida. &nbsp;En términos prácticos, la firma electrónica reemplaza a la firma manuscrita y actúa como un sello de autenticidad, brindando seguridad jurídica tanto al emisor como al receptor.Además, la implementación de la facturación electrónica impulsa la formalización de los emprendimientos. Muchos negocios que antes operaban de manera informal encuentran en este sistema una oportunidad para acceder a financiamiento, establecer relaciones comerciales formales y participar en procesos de contratación pública. La trazabilidad de las operaciones genera confianza en clientes, proveedores e instituciones financieras.Desde un enfoque académico, diversos análisis coinciden en que la digitalización de los comprobantes fiscales mejora la eficiencia administrativa y el control tributario. Por ejemplo, se ha señalado que los sistemas electrónicos “agilizan y automatizan el proceso de generación y envío de facturas, reduciendo costos y facilitando el cumplimiento fiscal”. &nbsp;Aunque este tipo de fuentes deben complementarse con normativa oficial, reflejan una tendencia clara en la práctica empresarial.Un caso práctico en Ecuador es el de pequeños comercios que utilizan el facturador gratuito del SRI. Esta herramienta permite generar, firmar y enviar comprobantes electrónicos sin necesidad de inversión en software, democratizando el acceso a la tecnología y eliminando barreras de entrada para emprendedores. &nbsp;Esto evidencia que la transición no necesariamente implica altos costos iniciales.Finalmente, es importante entender que la facturación electrónica no es solo una exigencia legal, sino una herramienta de competitividad empresarial. En un entorno donde la digitalización es clave, los negocios que adoptan estos sistemas tienen mayores posibilidades de crecimiento, control financiero y cumplimiento normativo. Para estudiantes y profesionales del área tributaria, dominar este tema ya no es opcional, sino una competencia esencial en el mercado laboral.MFLA

Facturación electrónica en Ecuador: más que una obligación, una ventaja competitiva para el emprendedor.

La economía global enfrenta un punto de inflexión crítico: el modelo tradicional de “extraer–producir–consumir–desechar” ha demostrado ser insostenible frente al crecimiento poblacional, la presión sobre los recursos naturales y el cambio climático. En este contexto, la economía circular emerge como un enfoque estratégico que redefine la forma en que producimos y consumimos, proponiendo sistemas regenerativos que minimizan residuos y maximizan el valor de los recursos. Este artículo explora sus fundamentos, implicaciones y oportunidades, con especial énfasis en su aplicación en Ecuador.Uno de los principales impulsores de la economía circular es la creciente escasez de recursos. Factores como el aumento de la población, el cambio en los patrones de consumo y la degradación ambiental han intensificado la demanda de materiales y energía. Según organismos internacionales como la FAO y la ONU, más del 33% de los suelos del mundo ya están degradados y hasta el 90% podría estarlo en 2050, lo que evidencia la urgencia de replantear los modelos productivos.El modelo económico lineal, dominante desde la revolución industrial, se basa en una lógica de consumo rápido y descarte. Este enfoque no solo genera grandes volúmenes de residuos, sino que también oculta costos ambientales y sociales, conocidos como externalidades. Estas distorsiones del mercado dificultan la transición hacia prácticas más sostenibles, ya que los precios no reflejan el verdadero impacto ecológico de los productos.Frente a este escenario, la economía circular propone un cambio sistémico. Se define como un modelo que busca mantener el valor de productos, materiales y recursos el mayor tiempo posible dentro del ciclo económico, reduciendo al mínimo la generación de residuos. Esto implica rediseñar procesos, productos y modelos de negocio para cerrar los ciclos de materiales y energía.Un concepto clave dentro de este enfoque es la distinción entre ciclos biológicos y técnicos. Los materiales biológicos, como los residuos orgánicos, pueden reintegrarse a la naturaleza mediante procesos como el compostaje. En cambio, los materiales técnicos, como metales o plásticos, deben ser reutilizados, reparados o reciclados para evitar su pérdida. Esta lógica permite optimizar el uso de recursos y reducir la dependencia de materias primas vírgenes.La implementación de la economía circular se apoya en estrategias conocidas como las “10R”, que van desde rechazar (R0) productos innecesarios, hasta recuperar energía (R9). Estas estrategias permiten actuar en diferentes etapas del ciclo de vida del producto, promoviendo desde el ecodiseño hasta la reutilización y el reciclaje avanzado. Por ejemplo, reparar un electrodoméstico en lugar de reemplazarlo puede extender su vida útil y reducir significativamente su huella ambiental.Un aspecto crítico es el diseño de productos circulares. Esto implica crear bienes duraderos, modulares y fáciles de desmontar, facilitando su reparación, actualización o reciclaje. Empresas globales ya están adoptando este enfoque, pero también existen iniciativas en América Latina, como el desarrollo de bioplásticos a partir de residuos agrícolas, que demuestran el potencial de innovación en la región.En Ecuador, la economía circular comienza a ganar relevancia, especialmente en sectores como la agricultura y la agroindustria. Un ejemplo concreto es la reutilización de residuos del banano para la producción de empaques biodegradables o bioplásticos. Esta práctica no solo reduce la contaminación por plásticos, sino que también genera valor agregado en la cadena productiva.Sin embargo, el país también enfrenta desafíos importantes. La industria bananera, por ejemplo, ha sido señalada por el uso intensivo de pesticidas y plásticos, lo que evidencia la necesidad de transitar hacia prácticas más sostenibles. De igual forma, sectores como la construcción y la minería presentan altos niveles de desperdicio y consumo de recursos no renovables.A nivel institucional, Ecuador ha dado pasos importantes con la elaboración del “Libro Blanco de Economía Circular”, que establece lineamientos para fomentar este modelo en el país. Estas políticas buscan incentivar la innovación, mejorar la eficiencia en el uso de recursos y promover la responsabilidad extendida del productor, obligando a las empresas a gestionar los residuos de sus productos.Otro concepto relevante es la simbiosis industrial, donde los residuos de una empresa se convierten en insumos para otra. Este enfoque permite crear ecosistemas productivos más eficientes y sostenibles. En Ecuador, existen oportunidades claras en parques industriales y clusters productivos donde este modelo podría implementarse con éxito.La medición de la circularidad también es fundamental. Indicadores como la productividad de los recursos (PIB dividido por consumo de materiales), las tasas de reciclaje o la generación de residuos per cápita permiten evaluar el progreso hacia una economía más circular. Estas métricas son utilizadas por organismos como la OCDE y la Unión Europea para monitorear avances y definir políticas públicas.Los beneficios de la economía circular son múltiples: reducción de la presión ambiental, mayor seguridad en el suministro de materias primas, incremento de la competitividad empresarial y generación de empleo. Sin embargo, su implementación requiere superar barreras como la falta de financiamiento, la escasez de talento especializado y la resistencia al cambio en consumidores y empresas.Desde una perspectiva empresarial, adoptar la economía circular no es solo una cuestión ambiental, sino una estrategia de negocio. Modelos como el alquiler de productos, la economía colaborativa o el reacondicionamiento permiten generar nuevas fuentes de ingresos y fidelizar clientes. Empresas que integran estos principios están mejor preparadas para enfrentar riesgos futuros asociados a la escasez de recursos y regulaciones ambientales.En conclusión, la economía circular representa una transformación profunda del sistema económico, necesaria para garantizar la sostenibilidad a largo plazo. Ecuador tiene una oportunidad estratégica para posicionarse como líder regional en este ámbito, aprovechando su biodiversidad, su capacidad agrícola y el creciente interés por modelos productivos sostenibles. La transición no será inmediata, pero cada acción —desde el diseño de productos hasta las políticas públicas— contribuye a construir un sistema más resiliente, eficiente y regenerativo. EPMJ

Economía Circular: del “usar y desechar” al “reutilizar y regenerar” — la clave para la sostenibilidad empresarial en el siglo XXI

a person washing their hands in a kitchen sink

La calidad del agua potable no es solo un requisito técnico, es un determinante directo de la salud pública y del desarrollo sostenible. En Ecuador, la norma NTE INEN 1108:2014 establece los parámetros que debe cumplir el agua destinada al consumo humano, alineándose con las guías de la OMS. Comprender esta norma permite no solo evaluar la calidad del agua, sino también identificar brechas entre lo normativo y la realidad, especialmente en contextos urbanos y rurales.En términos generales, la norma define el agua potable como aquella que ha sido tratada para cumplir condiciones físicas, químicas y microbiológicas que garanticen su inocuidad. Este concepto es clave: no basta con que el agua “se vea limpia”, debe cumplir límites estrictos medibles científicamente.Uno de los conceptos técnicos más relevantes es el límite máximo permitido (LMP), que representa el umbral a partir del cual el agua deja de ser apta para consumo. Este criterio es fundamental en la toma de decisiones operativas, ya que define cuándo intervenir un sistema de tratamiento o distribución<h3>Tabla 1: Características físicas e inorgánicas.</h3>Esta tabla agrupa parámetros visibles y químicos básicos. Elementos como el color (≤15 Pt-Co), la turbiedad (≤5 NTU) y la ausencia de olor o sabor objetable determinan la aceptabilidad del agua por el usuario. Sin embargo, los parámetros críticos son los metales pesados como arsénico, plomo o mercurio, cuyos límites son extremadamente bajos debido a su toxicidad acumulativa. Un elemento clave aquí es el cloro residual (0,3–1,5 mg/l), que garantiza la desinfección continua en la red. Este parámetro es especialmente importante en zonas rurales donde la contaminación secundaria es frecuente<h3>Tabla 2: Sustancias orgánicas.</h3>Esta sección regula compuestos derivados de hidrocarburos y procesos industriales, como el benceno o el cloruro de vinilo. Su presencia suele estar asociada a contaminación industrial o urbana, por lo que su monitoreo es crucial en zonas con actividad petrolera o industrial.<h3>Tabla 3: Plaguicidas.</h3>Los plaguicidas representan un riesgo importante en zonas agrícolas. Sustancias como el DDT, lindano o atrazina tienen límites extremadamente bajos debido a su persistencia ambiental. Esta tabla es particularmente relevante para zonas rurales como Pedro Vicente Maldonado, donde la actividad agrícola puede impactar fuentes hídricas.<h3>Tabla 4: Residuos de desinfectantes.</h3>Aquí se controla la presencia de compuestos derivados del proceso de desinfección. Por ejemplo, la monocloramina tiene un límite de 3 mg/l, pero si se excede, se deben investigar compuestos potencialmente cancerígenos como la nitrosodimetilamina.<h3>Tabla 5: Subproductos de desinfección.</h3>Los trihalometanos (THM) son un indicador crítico. Aunque el cloro es esencial, su reacción con materia orgánica puede generar compuestos peligrosos. El límite de 0,5 mg/l busca equilibrar desinfección y seguridad química.<h3>Tabla 6: Cianotoxinas.</h3>PLa microcistina-LR (≤0,001 mg/l) es una toxina producida por algas en cuerpos de agua eutrofizados. Este parámetro es cada vez más relevante debido al cambio climático y al incremento de floraciones algales.<h3>Tabla 7: Requisitos microbiológicos.</h3>Este es el núcleo sanitario de la norma. La exigencia de ausencia de coliformes fecales, Giardia y Cryptosporidium garantiza que el agua no represente riesgo infeccioso. En términos prácticos, este es el parámetro más crítico en sistemas rurales.<h3>Casos en la Provincia de Pichincha.</h3>En el caso de Quito, la calidad del agua potable es generalmente alta. Estudios de la Empresa Pública Metropolitana de Agua Potable muestran cumplimiento sostenido de parámetros microbiológicos y físico-químicos, con niveles adecuados de cloro residual y turbiedad baja. Esto se debe a sistemas robustos de tratamiento y monitoreo continuo.Sin embargo, en cantones como Pedro Vicente Maldonado, la situación es más variable. Aunque existen avances significativos —como sistemas de tratamiento y mejoras en cobertura—, es común encontrar desafíos en continuidad del servicio, control de cloro residual y riesgo de contaminación microbiológica en redes pequeñas o comunitarias.Datos de distintas fuentes en Ecuador evidencian que en zonas rurales el control microbiológico es el principal problema, existe mayor exposición a plaguicidas y sedimentos además de que la demanda de agua potable supera ampliamente la oferta que los GAD´s están en capacidad de brindar.En contraste, en zonas urbanas el principal reto es el control de subproductos de desinfección, lo que exige cada vez más y mejores procesos para evitar formación de THM.<h3>Conclusiones técnicas.</h3>Primero, la NTE INEN 1108 es una norma robusta que cubre integralmente los riesgos físicos, químicos y biológicos del agua potable, alineada con estándares internacionales.Segundo, el parámetro más crítico en la práctica no siempre es el químico, sino el microbiológico, especialmente en zonas rurales donde la infraestructura y el control son limitados.Tercero, existe una brecha clara entre la calidad del agua urbana y rural. Mientras ciudades como Quito cumplen ampliamente la norma, en cantones más pequeños persisten desafíos operativos y técnicos.Cuarto, el cumplimiento de la norma no depende únicamente del tratamiento, sino de todo el sistema: captación, almacenamiento, distribución y monitoreo.Finalmente, mejorar la calidad del agua en Ecuador requiere no solo regulación, sino inversión en infraestructura, fortalecimiento institucional y educación comunitaria. La norma establece el “qué”, pero el verdadero reto está en garantizar el “cómo” en todo el territorio.EPMJ

Calidad del Agua Potable en Ecuador: Claves Técnicas de la NTE INEN 1108 y su Realidad en Territorio.

Stacked coins with wooden blocks spelling taxes on a blue background

La reciente Resolución NAC-DGERCGC26-00000009, emitida por el Servicio de Rentas Internas (SRI), introduce la nueva tabla de porcentajes de retención en la fuente del impuesto a la renta aplicable en el Ecuador a partir del 1 de marzo de 2026, derogando expresamente la Resolución NAC-DGERCGC24-00000008 publicada en febrero de 2024. Esta normativa constituye un instrumento operativo fundamental dentro del sistema tributario ecuatoriano, ya que regula la forma en que los agentes de retención anticipan el impuesto a la renta de los contribuyentes al momento del pago o acreditación en cuenta de determinados ingresos gravados.&nbsp;Desde una perspectiva técnica, la resolución mantiene la lógica estructural del régimen anterior: establecer porcentajes diferenciados según la naturaleza económica del ingreso. Sin embargo, introduce ajustes conceptuales relevantes que responden a nuevas dinámicas económicas, particularmente en ámbitos como la economía digital, los servicios profesionales, las plataformas de pago y las actividades vinculadas a la explotación de la imagen o influencia en redes sociales. Esta actualización evidencia el intento del SRI de mantener coherencia con el principio de suficiencia recaudatoria y simplicidad administrativa previsto en la Constitución ecuatoriana.&nbsp;Uno de los aspectos más relevantes de la resolución es la ratificación de una estructura escalonada de retenciones que va desde el 0 % hasta el 10 %, dependiendo del tipo de ingreso. Se mantienen categorías como 1 %, 1,75 %, 2 %, 3 %, 5 % y 10 %, lo cual refleja continuidad con el régimen anterior. No obstante, el SRI amplía y precisa algunos supuestos de hecho para mejorar la claridad interpretativa y reducir la discrecionalidad en la aplicación de las retenciones.En el caso de la retención del 0 %, se mantienen operaciones como los intereses pagados entre instituciones financieras reguladas y las compras a negocios populares dentro del régimen RIMPE. Este tratamiento busca evitar retenciones innecesarias en actividades donde la carga administrativa superaría el beneficio fiscal o donde el control tributario ya se realiza por otros mecanismos.&nbsp;Respecto a las retenciones del 1 % y 1,75 %, la resolución sigue diferenciando entre adquisiciones directas al productor agropecuario y operaciones realizadas con comercializadores. Este esquema ya estaba presente en la normativa de 2024, pero se reafirma como una herramienta de política tributaria destinada a no afectar la liquidez del productor primario mientras se mantiene control sobre los intermediarios comerciales.En el rango del 2 %, la resolución mantiene retenciones sobre operaciones relevantes como pagos a compañías de seguros, adquisición de bienes muebles, arrendamiento mercantil y operaciones realizadas mediante sistemas auxiliares de pago. Aquí se observa una ampliación normativa importante: los agregadores de pago y mercados en línea pasan a tener un rol más claro como agentes de retención, incluso respecto de sus propios ingresos. Esta disposición refleja el creciente peso de las plataformas digitales en la economía ecuatoriana.&nbsp;El 3 % continúa aplicándose a servicios donde predomina la mano de obra sobre el componente intelectual, así como a ciertos rendimientos financieros y operaciones realizadas mediante liquidaciones de compra. Adicionalmente, la resolución establece una regla residual clara: cualquier pago que no tenga un porcentaje específico definido deberá someterse a este porcentaje de retención. Esto evita vacíos normativos y facilita la operatividad para los agentes de retención.&nbsp;Uno de los cambios más significativos se observa en el tratamiento de servicios profesionales y actividades intelectuales, que se mantienen con una retención del 10 % cuando son prestados por personas naturales. La resolución reafirma que este porcentaje aplica independientemente de que el prestador tenga o no título profesional o de que dicho título esté relacionado con la actividad realizada. Esto busca cerrar espacios de interpretación que anteriormente generaban controversias en procesos de control tributario.&nbsp;Particularmente relevante es la incorporación expresa de personas que monetizan su imagen o influencia, tales como artistas, deportistas, entrenadores, árbitros o influencers, quienes quedan sujetos a una retención del 10 % sobre honorarios, regalías o pagos vinculados con el uso de su imagen o renombre. Esta precisión no estaba desarrollada con el mismo nivel de detalle en la resolución de 2024, lo cual evidencia la adaptación del sistema tributario a nuevas formas de generación de ingresos.&nbsp;Comparativamente, la Resolución NAC-DGERCGC24-00000008 presentaba una estructura similar de porcentajes, pero carecía de algunas precisiones conceptuales que ahora se incorporan, especialmente en materia de plataformas de pago, economía digital y monetización de la imagen personal. En términos generales, el nuevo instrumento normativo no representa una reforma radical del régimen de retenciones, sino más bien una actualización técnica y una clarificación normativa que busca fortalecer el control tributario.Desde la perspectiva de los profesionales independientes, la retención del 10 % continúa funcionando como un mecanismo de anticipo del impuesto a la renta. Esto implica que la correcta emisión de comprobantes de retención y el adecuado registro contable de dichos valores sigue siendo fundamental para evitar diferencias en las conciliaciones tributarias al cierre del ejercicio fiscal.En el caso de artistas, deportistas e influencers, la resolución genera un marco más claro respecto al tratamiento tributario de ingresos derivados del uso de la imagen, patrocinios o publicidad. Para estos contribuyentes resulta crucial documentar adecuadamente los contratos y distinguir entre pagos por servicios, regalías o derechos de imagen, ya que cada figura puede tener implicaciones fiscales específicas.Para personas naturales o jurídicas sujetas a retención, independientemente del porcentaje aplicable, es recomendable implementar controles internos que aseguren: correcta clasificación del ingreso, verificación del porcentaje aplicable y conciliación periódica entre comprobantes de retención recibidos y registros contables. Estas prácticas reducen el riesgo de inconsistencias frente a procesos de control del SRI.Finalmente, para agentes de retención, especialmente empresas, instituciones financieras y plataformas de pago, resulta indispensable actualizar sus sistemas contables y de facturación conforme a la nueva resolución. Asimismo, deben prestar especial atención a la disposición transitoria que permitió emitir comprobantes de retención correspondientes a las operaciones del 1 al 15 de marzo de 2026 hasta el 31 de marzo del mismo año, con el objetivo de facilitar la adaptación tecnológica de los contribuyentes.&nbsp;En conclusión, la Resolución NAC-DGERCGC26-00000009 consolida el régimen de retenciones en la fuente en Ecuador manteniendo la estructura tradicional pero introduciendo precisiones relevantes frente a nuevas realidades económicas. Su correcta aplicación exige no solo conocimiento normativo, sino también una adecuada gestión contable y documental por parte de contribuyentes y agentes de retención, especialmente en sectores donde la economía digital y los servicios profesionales tienen un papel cada vez más predominante.Si necesitas ayuda con tus procesos tributarios, recuerda que en CR3 Consultor contamos con amplio staff de expertos que pueden asesorarte, consúltanos, nuestas citas y consultas son gratuitas.

Nuevos porcentajes de retención en la fuente en Ecuador: claves prácticas de la Resolución NAC-DGERCGC26-00000009 y su impacto para profesionales, artistas y agentes de retención

business teamwork meeting and success for achievement goal

<h2>La Interacción de Procesos según la ISO 9001:2015.</h2>En la gestión moderna, pocas herramientas son tan potentes&nbsp; y tan poco comprendidas como el enfoque de interacción de procesos de la Norma ISO 9001. Esta herramienta sintetiza, de forma estructurada, cómo una organización transforma requisitos en resultados mediante procesos interrelacionados que involucran liderazgo, planificación, operación, evaluación del desempeño y mejora continua.En términos técnicos, representa el ciclo de gestión basado en procesos que articula los capítulos 4 al 10 de la ISO 9001, integrando además otras normas como ISO 14001, ISO 45001, ISO 50001 y ISO 37001 que aunque parezcn departamentos o entidades con competencias diferentes, definitivamente el enfoque nos enseña que no se trata de departamentos aislados, sino de un sistema dinámico donde cada proceso impacta directamente en el siguiente.La interacción de procesos inicia, de manera específica, con la calidad del liderazgo y las partes interesadas: clientes, empleados, proveedores, gobierno, sociedad y accionistas. En el contexto ecuatoriano, esto es particularmente relevante para entidades públicas que deben alinear su gestión con los requerimientos regulatorios y ciudadanos, un ejemplo verificable es el del Servicio de Rentas Internas, cuya digitalización y control de procesos internos responde a una clara articulación entre planificación estratégica, control operativo y evaluación de desempeño, siendo desde hace años atrás, referente ejerciendo sus actividades.La planificación, la cual incluye gestión de riesgos, objetivos del sistema, indicadores KPI/OKR y gestión de cambios, constituye el puente entre la intención estratégica y la ejecución según ISO 9001. Empresas privadas ecuatorianas como Corporación Favorita han demostrado que la identificación temprana de riesgos logísticos y comerciales permite asegurar continuidad operativa y satisfacción del cliente, especialmente en entornos de alta volatilidad económica.El eje central de la interacción de procesos en una organización se encuentra porsupuesto en la provisión del servicio: desde la identificación de requisitos del cliente, diseño y desarrollo, control operacional, hasta la liberación del producto o servicio, siendo este flujo crítico en todas las organizaciones ya que representan la razón de ser de nuestro negocio, reconociendo siempre que la trazabilidad técnica, la transparencia y el control de salidas no conformes determinan la sostenibilidad del negocio.La evaluación del desempeño, identificada en auditorías internas y externas, revisión por la dirección, análisis de indicadores y satisfacción del cliente,&nbsp; cierra el ciclo de control en la interacción de procesos en las organizaciones, lo que permite verificar los datos y los resutados obtenidos, evitando tomar decisiones por percepción, sino por datos exactos que son resultado de la evaluación de desempeño efectuada.El componente de mejora continua es el elemento diferenciador. No conformidades, acciones correctivas y lecciones aprendidas retroalimentan el sistema. Esta lógica evita que los errores se repitan y transforma cada desviación en una oportunidad de optimización organizacional. Otro aspecto estratégico es la integración con proveedores y procesos externos. En Ecuador, sectores como el petrolero o energético, así como los GAD's, en especail municipales, requieren una gestión rigurosa de contratistas y terceros, donde el control documental y la evaluación de desempeño son críticos para la transparencia y la eficiencia.Como se puede observar, la interacción de procesos no es simplemente un requisito normativo; es una arquitectura organizacional, permite visualizar cómo el área de ventas impacta en operaciones, cómo recursos humanos influye en la calidad del servicio, y cómo la infraestructura y los recursos de medición sostienen la confiabilidad de los resultados. En organizaciones públicas, esta interacción reduce la fragmentación institucional; en empresas privadas, mejora la rentabilidad al eliminar reprocesos y desperdicios. Cuando los procesos están claramente definidos, medidos y conectados, la toma de decisiones se vuelve sistémica y estratégica.Por consecuencia, la gestión empresarial no es una suma de actividades aisladas, sino un engranaje coordinado donde cada proceso agrega valor y en el contexto ecuatoriano, marcado por exigencias regulatorias, presión competitiva y necesidad de transparencia, adoptar este enfoque no es opcional: es una ventaja estratégica.&nbsp;

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