Financiamiento y Gobernabilidad del Agua: dos pilares inseparables para la sostenibilidad hídrica

El agua es mucho más que un recurso natural: es un derecho humano, un motor del desarrollo y un eje de la estabilidad ambiental. Sin embargo, durante décadas, el financiamiento del sector hídrico se ha centrado casi exclusivamente en construir infraestructura para abastecimiento y saneamiento, dejando de lado un componente igual de vital: la gobernabilidad del agua. Este desequilibrio ha generado sistemas frágiles, vulnerables al cambio climático, a la contaminación y a la presión creciente de la población

Uno de los grandes aportes del enfoque moderno es la Gestión Integrada de los Recursos Hídricos, que propone una mirada holística del agua como un sistema interconectado. Este enfoque reconoce que no basta con construir tuberías y plantas de tratamiento: es necesario invertir también en planificación, monitoreo, protección de cuencas, participación ciudadana, regulación y resolución de conflictos. Todo esto requiere financiamiento estable, previsible y transparente

La Global Water Partnership en su publicación del año 2008 respecto a la Gobernabilidad del Agua, identifica tres fuentes principales de financiamiento del recurso hídrico: los pagos de los usuarios, los presupuestos públicos y la cooperación internacional.  Como se puede observar, no existen las soluciones mágicas, y hay que considerar que los préstamos y la inversión privada son importantes, pero solo son sostenibles cuando estas tres fuentes básicas garantizan la devolución del capital y los costos de operación. Sin esta base, cualquier modelo financiero es frágil y de corto plazo.

La experiencia me ha brindado también la facilidad de identificar un punto clave, y es que no todas las funciones del agua pueden financiarse con tarifas. Existen bienes públicos como la protección de cuencas, el control de inundaciones, el monitoreo hidrológico o la preservación de ecosistemas, cuyos beneficios son colectivos y no se pueden cobrar directamente al usuario. Por eso, el Estado sigue siendo un actor insustituible en el financiamiento de estas funciones estratégicas. También existen los llamados “bienes de mérito”, como el acceso al agua potable y al saneamiento para poblaciones vulnerables. Aunque son servicios individuales, la sociedad reconoce que deben garantizarse incluso cuando las personas no pueden pagarlos completamente. Aquí entran en juego los subsidios bien focalizados, que evitan distorsiones y aseguran equidad sin debilitar financieramente al sistema, sin embargo hay que darnos cuenta también que muchos subsidios generalizados al agua, especialmente en el sector agrícola, benefician de forma desproporcionada a sectores con mayor poder económico, mientras debilitan los presupuestos públicos y reducen los recursos disponibles para la gestión ambiental.

Otro déficit que se logra identificar es la gestión que se brinda a la infraestructura para que las comunidades se beneficien del recurso hídrico, muchos GAD's dedican su periodo de administración y los recursos económicos a construir sistemas de agua u obras físicas sin generar gobernabilidad o un sistema de gestión fuerte que garantice el futuro de las mismas, lo que desencadena en descuidos, destrucciones o que cambios políticos hagan de menos dichas obras ejecutadas, lo que en corto plazo va a generar mayores gastos en hacer nueva infraestructura o reconstrucciones que reducen la capacidad presupuestaria y claro, eso es desperdicio de fondos públicos tan útiles cuando son bien manejados. Este círculo vicioso de “construir–descuidar–reconstruir” es una de las mayores trampas financieras del sector hídrico y genera enormes retrasos en el desarrollo de las comunidades en lo que en gestión ambiental e hídrica se refiere.

Otro eje fundamental es la relación entre financiamiento y fallas de mercado. La contaminación del agua y las externalidades ambientales hacen imprescindible la regulación pública, hechos que no deben ser responsabilidad directa o única del Estado. Instrumentos como el principio “quien contamina paga”, los pagos por servicios ambientales y los mercados de contaminación permiten que los propios usuarios contribuyan a sostener la gestión ambiental del agua.

La gobernabilidad multinivel aparece como uno de los grandes desafíos, el hablar y discutir de un sistema de administración del recurso hídrico sin fronteras geográficas (sea parrroquial, cantonal o inclusive nacional) empieza a ser necesario e inminente, considerando que el agua no responde ni responderá jamás a dichas fronteras políticas, pero sí a cuencas hidrográficas. Esto obliga a coordinar; los gobiernos nacionales, locales, comunidades, sector privado y sociedad civil deben iniciar con procesos de gestión compartida del agua, las denominadas mancomunidades por el COOTAD (Código Orgánico de Organización Territorial,, Autonomía y Descentralización), de las cuales ya hay ejemplos positivos en el país, aunque también varios intentos que no han llegado a feliz término; lamentablemente cuando la descentralización no viene acompañada de recursos financieros y capacidades técnicas, se generan sistemas débiles, con altos riesgos de ineficiencia, desigualdad y corrupción.

Debemos considerar también que cada país construye su sistema según su historia, su institucionalidad y su realidad socioeconómica y, los gobiernos autónomos descentralizados, entes competentes en la gestión hídrica del Ecuador, deben reconocer la existencia de un territorio multidiverso y multicultural, variable que puede ser verdaderamente crítica al momento de gestionar comunitariamente el agua lo que a la vez, exige constantes reformas legales e institucionales para que cuidadosamente se evalúe la parte social y las implicaciones financieras que conlleva una adecuada gestión de cuencas hídricas, de esa manera no crear estructuras que dependan permanentemente de recursos que nunca llegarán o, peor aún, de recursos que llegan y se pierden en sistemas mal gestionados, deficientes compras públicas o corrupción.

Lo que es un hecho sin debate es que sin buena gobernabilidad no habrá financiamiento sostenible, y sin financiamiento no puede existir una gestión eficaz del agua. Transparencia, participación, rendición de cuentas y capacidad técnica son condiciones indispensables para atraer inversiones, garantizar el uso eficiente de los recursos y proteger los ecosistemas a largo plazo.

Finalmente debemos ser enfáticos: invertir en agua no es solo invertir en obras, es invertir en instituciones, en personas, en conocimiento y en confianza. La seguridad hídrica del futuro dependerá de nuestra capacidad para unir financiamiento, gobernabilidad y sostenibilidad en un mismo camino, porque proteger el agua es, en el fondo, proteger la vida.

EPMJ